El Presupuesto General del
Estado (PGE) es el instrumento de política económica que tiene el país para
impulsar la economía nacional, el cual es manejado por el Gobierno, quien tiene
la responsabilidad de usar eficientemente los recursos que tiene el país y que
han sido confiados a su gestión. El presupuesto de 2021 fue preparado por el Gobierno
Transitorio en 2020 y el presupuesto para el presente año fue elaborado por el
gobierno del presidente Luis Arce Catacora en 2021 y está en proceso de
elaboración el presupuesto para la gestión 2023. El presupuesto se divide en
dos partes: funcionamiento e inversión pública. El presupuesto de
funcionamiento consolidado 2022 llega a 235.090 millones de bolivianos (34.270
millones de $US) está destinado en un 53,8 % para el funcionamiento de las
instituciones del Gobierno, el 31,6 % para las empresas públicas y el 14,6 %
para instituciones financieras, de seguridad social, universidades públicas,
entidades descentralizadas y administración departamental. Como se ve es fuertemente
centralista. El Gobierno ha presentado un proyecto de ley para modificar este presupuesto,
que contempla un préstamo de 3.000 millones de bolivianos del Banco Central de
Bolivia (BCB) al Tesoro General de la Nación (TGN) y ajustes al impuesto al
consumo específico a las bebidas. El presupuesto de inversión pública llega a
los 5.015 millones de $US.
Durante el gobierno del
MAS (a partir de 2006) los gastos de funcionamiento fueron aumentados en cinco
veces y el número de empleados públicos en 2,6 veces. La bonanza de que
disfrutó este gobierno duró hasta el año 2014. A partir de este año se empezó a
tener déficit fiscal, que se ha mantenido hasta el presente año. En el gobierno
del presidente Luis Arce no se ha bajado los gastos de funcionamiento. Se sigue
en el mismo tren de gasto, sin entrar en un esquema de austeridad, que requiere
las circunstancias actuales, en que han disminuido notablemente los ingresos
del Gobierno. Los gastos en propaganda para el Gobierno siguen consumiendo
excesivos recursos del PGE, los gastos en el avión presidencial siguen como en la
época del presidente Evo Morales y en general el Gobierno no se mide en los
gastos de funcionamiento.
El gasto en sueldos,
salarios y beneficios sociales fueron presupuestados en 51.504 millones de
bolivianos (7.508 millones de $US) los cuales fueron incrementados en el PGE
modificado. Este gasto es para pagar a todos los servidores públicos, que
incluye a los trabajadores de la salud y la educación, jueces, parlamentarios,
policías, militares, a los empleados públicos y a los de las empresas públicas.
Los ingresos corrientes fueron presupuestados en 50.470 millones de bolivianos
(7.357 millones de $US) que servirían para cubrir el gasto en sueldos. La
administración pública del Gobierno está compuesta en su mayor parte por funcionarios
que han sido contratados por su afinidad con el MAS. Dicha administración no es
factor para la reactivación y el crecimiento y es una afrenta para el 85 % de
la población económicamente activa que tiene que subsistir con empleos
precarios, que apenas les permite no morirse de hambre. Una generación de
jóvenes profesionales ha emigrado a países extranjeros para tener un empleo de
acuerdo a sus capacidades y muchos otros no pueden conseguir en el país empleos
en sus profesiones.
Las empresas públicas toman
en segundo lugar los recursos del presupuesto. La más importante es
(Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) YPFB. Sus ingresos han bajado
notablemente y prácticamente se ha convertido en una empresa importadora de
gasolina y diésel, ya que tiene que emplear lo que recibe por la exportación de
gas, en comprar del mercado internacional estos combustibles y venderlos en el
país con precios subsidiados. Tiene exceso de personal y paga sueldos a
dirigentes sindicales declarados en comisión, que no trabajan y se dedican a
actividades políticas de apoyo al Gobierno. Pero lo que hace que YPFB ya no sea
una empresa que contribuya al crecimiento de la economía, es que no está
pudiendo reponer las reservas de gas. Tiene tres empresas subsidiarias: la
planta de amoniaco y urea de Bulo Bulo, la planta de productos derivados de gas
de Gran Chaco y la planta separadora de Río Grande.
La planta de amoniaco y
urea fue inaugurada en septiembre de 2017, en 2018 y 2019 tuvo varias
paralizaciones, exportó urea por 146 millones de $US y tuvo pérdidas por 56
millones de $US (2018). Fue operada por Samsung a un costo de 88,8 millones de
$US anuales. Fue paralizada en noviembre de 2019 y reactivada en octubre de
2021. La empresa se hizo cargo de la operación, con la contratación de expertos
internacionales, el costo anual de operación y mantenimiento se bajó a 44,3
millones de $US. Según declaraciones del presidente de YPFB, de octubre de 2021
a junio de 2022 se vendió urea por 220 millones de $US, 60 millones de $US en
el mercado interno y 160 millones de $US en mercados de la región. Ello ha sido
posible porque el precio de la urea está elevado por la guerra en Ucrania. Con
los altibajos y periódicas paralizaciones que ha tenido la empresa en los cinco
años que está operando, está en duda la contribución que pueda hacer al
crecimiento de la economía nacional, amén de que nunca pagará la deuda que ha
contraído para la construcción de la planta (863 millones de $US) y que ha
ocasionado la fallida construcción del ferrocarril Montero – Bulo Bulo, donde
el país perdió 267 millones de $US. La producción de urea se hace con gas
subsidiado, que se podrá mantener hasta cuando YPFB pueda proveerle de gas.
La Planta de Gran Chaco
puede producir GLP, GNL, gasolina natural, etano e isopentano, solamente
produce los dos primeros productos. Para sacar el GLP se necesitan cisternas o
camiones con garrafas, lo que significa un costo de transporte muy elevado.
Para el GNL se necesitan cisternas criogénicas e instalaciones de
regasificación en las terminales de recepción. La planta trabaja al 23 % de su
capacidad en el caso del GLP y en el de GNL al 4 %. La planta separadora de Río
Grande trabaja al 50 % de su capacidad.
La Empresa Nacional de
Electricidad (ENDE) tiene centrales termoeléctricas en Entre Ríos del trópico
de Cochabamba, Warnes y Yacuiba, que fueron habilitadas para generar 1.480 MW
de energía eléctrica, con el objeto de aumentar la oferta de energía eléctrica
y destinarla a la exportación. De esta manera, el país tiene un excedente de
generación de energía eléctrica que no ha podido ser vendido en los países
vecinos. Son tres centrales que no contribuirán a la reactivación y el
crecimiento de la economía. La otra empresa nacionalizada, la Empresa Nacional
de Telecomunicaciones (ENTEL) ha perdido el protagonismo que tenía en las
telecomunicaciones y se dice que es “la caja chica del MAS”.
La COMIBOL es una
corporación que agrupa a varias empresas mineras, su incidencia en el total del
valor de exportación no llega al 10 %. Según un informe que se hizo en 2019
antes de la renuncia del presidente Evo Morales, sus empresas enfrentaban
serios problemas financieros. La empresa de Huanuni estaba trabajando a
perdida, tenía trabajando a 4.000 mineros. Otros problemas que tenía es que no
podía controlar el robo de mineral y tiene un ingenio que no funciona. La
fundición de Vinto tenía una deuda de 80 millones de $US y tiene un horno
sobredimensionado. Otras empresas que estaban en crítica situación financiera eran
Colquiri, Coro Coro, Empresa Boliviana del Oro, Karachipampa y Amayapampa.
COMIBOL juega un papel secundario en la producción minera, por lo que su
contribución a la reactivación y al crecimiento no es significativa.
En un diagnóstico que hizo,
de 63 empresas públicas, la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la
Empresa Pública (OTFEP) en 2019 (durante la gestión del presidente Evo Morales)
se identificaron 15 problemas, que eran la causa de su bajo rendimiento. Según
esta oficina, hasta 2019 nueve empresas públicas acumularon una pérdida de 69
millones de $US. Estas fueron Empresa Azucarera San Buenaventura, Empresa
Estatal de Textiles Yacana, Empresa Boliviana de Industrialización de
Hidrocarburos, Empresa Pública Quipus, Empresa Siderúrgica del Mutún, Empresa
Productiva Cementos de Bolivia, Yacimientos del Litio Bolivianos, Empresa de
Apoyo a la Producción de Alimentos y Empresa Naviera Boliviana. Según otra
investigación, las empresas públicas Emapa, Mi Teleférico, Quipus, ABE, Easba,
Boltur, Cartonbol, Empresa Mutún, EBA y Yacimientos del Litio, desde su
creación hasta el año 2021, reportaron pérdidas por un monto de 3.823 millones
de bolivianos (557,4 millones de $US).
La Empresa Siderúrgica del
Mutún, que está a cargo del desarrollo del yacimiento del hierro, tiene una
deuda de 488 millones de $US, 73 millones de $US al TGN y 415 millones de $US a
EXIMBANK y ha reportado una pérdida operativa acumulada de 8,3 millones de $US
hasta 2019. Igualmente Yacimientos del Litio Bolivianos tiene una deuda de 772
millones de $US y ha tenido pérdidas por 35,2 millones de $US durante su
funcionamiento. Las dos empresas no han producido hasta ahora ningún beneficio
para el país. Desde 2017, Bolivia ya tiene industria siderúrgica gracias a un
emprendimiento privado.
Hace doce años que está
funcionando el ingenio azucarero de San Buenaventura (EASBA) con millonarias
pérdidas (56,5 millones de $US). En el tiempo que fue construido, la empresa
privada Aguaí construyó un ingenio azucarero en Santa Cruz, que al presente
está con una posición sólida en el mercado nacional.
La empresa Mi Teleférico
opera 10 líneas de teleférico construidas en las ciudades de La Paz y El Alto. Se
inauguró en 2014 con las líneas roja, amarilla y verde y se terminó de
construir en 2018 con la línea morada. Hasta el año 2021, ha operado acumulando
una pérdida por 199 millones de $US. La red de teleféricos atiende solo al 9 %
de la demanda de pasajeros que tienen las dos ciudades, el 91 % restante tiene
que usar el pésimo sistema de transporte público que tienen las dos ciudades. Solamente
las líneas que conectan a La Paz con El Alto tienen un apreciable flujo de
pasajeros, las demás apenas se usan. En algún momento tiene que reemplazar los
cables y el equipo electromecánico.
La inversión pública
contribuye al crecimiento de la economía solamente si es rentable, o sea que
produce beneficios por encima de sus costos de inversión, mantenimiento y
operación. Cuando un empresario privado hace una inversión, asume el riesgo de que
su inversión no produzca los beneficios esperados de ella. En el caso de la
inversión pública, los que deciden la realización de la inversión no asumen la
responsabilidad de los resultados que pueda tener, aunque de acuerdo a la ley
SAFCO deberían asumirla. Por eso existe el Sistema Nacional de Inversión
Pública, para que los proyectos que presenten las instituciones sean revisados,
para comprobar que harán una contribución positiva a la economía. Pero los dos
gobiernos del MAS han archivado este sistema, lo mismo que han archivado el
Sistema de Administración de Bienes y Servicios, que hay para controlar la
correcta ejecución de los proyectos.
El Presupuesto de
Inversión Pública de la gestión 2022 tiene programados 5.016 millones de $US,
para el área productiva 2.129 millones de $US (42 %), para infraestructura
1.498 millones de $US (30 %), para el área social 862 millones de $US (17 %) y
para proyectos multisectoriales 527 millones de $US (11 %). En agosto pasado,
el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural anunció una inversión de
2.076 millones de Bs. (303 millones de $US) para la realización de 20 proyectos
de industrialización, entre los cuales están plantas de almacenamiento de Emapa
en Pailón, de bio insumos en Pampa Grande y de transformación de subproductos
de soya en San Julián. Esta inversión es una muy pequeña parte del monto
programado para el área productiva. Dada la baja o casi nula capacidad del
Gobierno para hacer inversiones en el sector productivo, que produzcan
beneficios para la economía, se puede presumir que las inversiones en el área
productiva no contribuirán a la reactivación y crecimiento de la economía.
Resulta difícil identificar las inversiones que hace el Gobierno en el área
social y en los proyectos multi sectoriales, por lo que en este artículo no se
hará un comentario sobre éstas.
En el área de
infraestructura se tiene 11 proyectos de carreteras de doble vía. Ellas son: El
Alto – Viacha, Huarina – Tiquina, la doble vía en El Sillar, Montero –
Yapacaní, Ivirgarzama – Puente Mariposas, Puente Mariposas – Puente Chimoré,
Puente Chimoré – Villa Tunari, Confital – Bombeo, Yacuiba – Campo Pajoso (fase
I), Santa Cruz – Warnes y Sucre – Yamparáez. La doble vía Huarina – Tíquina comenzó
a construirse hace muchos años y nunca se termina. La doble vía en El Sillar se
construye en una zona de terreno de inestabilidad crónica de la carretera
Cochabamba – Villa Tunari, a un costo muy elevado. Cuatro dobles vías se
construyen en la carretera Montero – Villa Tunari, una en la carretera Oruro –
Cochabamba y otra en la carretera Yacuiba – Santa Cruz. Las dobles vías El Alto
– Viacha y Santa Cruz – Warnes son vías urbanas. La doble vía Sucre – Yamparáez
está en etapa de adjudicación y está envuelta en un escándalo de corrupción.
Una carretera de dos vías
con dos carriles de ida y dos carriles de vuelta se justifica cuando el tráfico
que circula por la carretera crece hasta alcanzar volúmenes que sobrepasan la
capacidad de la misma, produciéndose congestión, esto sucede cuando la
carretera ha alcanzado por ejemplo un tráfico de 40.000 vehículos por día. Con este
criterio no se justifica la construcción de las dobles vías. La doble vía de 30
Km que se construye en la zona de El Sillar tendrá un costo de 426,1 millones
de $US, o sea a un costo de construcción por Km de 14,2 millones de $US, una
inversión excesiva para una corta longitud de carretera, en una zona que, de
acuerdo a la experiencia que se tiene en el país, seguirá ocasionando problemas
a la nueva carretera. Es una inversión a fondo perdido, que no hará crecer a la
economía.
La inversión pública que
se destina a las carreteras no tendrá ningún impacto en la reactivación y
crecimiento de la economía. La inversión se concentra en una pequeña longitud
de la red fundamental, en proyectos de dobles vías que no se justifican
económicamente. Actualmente la economía enfrenta el hecho de que el
mantenimiento de las carreteras está en un completo descuido, lo que aumenta el
costo de operación de los vehículos que circulan por ellas. Muchos kilómetros
de la red fundamental están en pésimas condiciones y un territorio extenso del
norte del país no tiene vinculación carretera con transitabilidad permanente,
es allí donde debía llegar la inversión pública y también a los caminos de las
redes departamental y municipal, actualmente llega muy poco a la red
departamental y a cuenta gotas a la red municipal.
El presupuesto de
funcionamiento de más de 34.000 millones de $US (80 % del PIB) es para el beneficio
y sostenimiento del partido de gobierno y para dar empleo a sus miembros o
afines. Los gastos del Ejecutivo siguen siendo excesivos, siendo que hace ocho
años se terminó la bonanza. La administración pública no tiene funcionarios
especializados, para trabajar en ella el único requisito es tener afinidad con
el partido. El país necesita para su desarrollo de una administración pública
especializada.
Los parlamentarios del MAS
están en el Legislativo para cuidar los intereses del partido y no para velar
por los intereses del país. Los jueces no actúan con independencia, porque son
elegidos para atender los requerimientos del partido, para eliminar toda
oposición y cubrir los actos de corrupción de sus miembros. Una justicia
corrupta y supeditada a los intereses del partido de gobierno, se constituye en
un obstáculo para el crecimiento de la economía. El presupuesto de
funcionamiento que se destina a los tres poderes del Estado, contribuye muy
poco o no contribuye a la reactivación y crecimiento de la economía.
YPFB, la mayor empresa que
tiene el país y que ha hecho posible que reciba ingentes recursos, está en
camino de convertirse en una empresa de tercera categoría. Sigue en los tres
primeros puestos de las exportaciones, pero tiene cada vez menos gas para
exportar y tiene que importar cada vez más combustibles. La exportación de
minerales está liderizada por las empresas internacionales, seguida por las
cooperativas y en tercer lugar por la COMIBOL, en la que su participación no
llega al 10 % del total exportado.
En este artículo no se ha
mencionado a muchas otras empresas públicas, que no producen ningún beneficio
para el país. Pero éstas, por lo que se ha expuesto, no son un factor para la
reactivación y crecimiento de la economía. Solamente consumen recursos, que
podrían ser asignados a otras actividades, que realmente produzcan beneficios
para el país.
La inversión pública sigue
el mismo patrón de asignación de recursos al despilfarro, a elefantes blancos e
inversiones improductivas, que consumieron los ingentes recursos que recibió el
país por la exportación de gas, minerales y otros productos.
