Durante el gobierno del
general Hugo Banzer (1997 – 2001) y del Ing. Jorge Quiroga (2001 – 2002) se
concibió el proyecto de exportación de gas a Estados Unidos y México. Bolivia
contaba con grandes reservas de gas natural, desarrolladas por la
capitalización de las empresas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
El proyecto consistía en llevar el gas natural a un puerto del Pacífico, donde
una planta de transformación lo convertiría en gas licuado, que sería
transportado en barcos a los mercados de Estados Unidos y México. Recién estaba
comenzando el negocio del gas licuado.
El presidente Quiroga
continuó con las conversaciones que tuvo el presidente Banzer con el presidente
chileno Lagos. Se llegó a un principio de acuerdo en el que el gobierno chileno
concedería un puerto (que sería Patillos) en donde se construiría una planta de
transformación del gas natural a líquido. El proyecto quedó en suspenso por la
conclusión del periodo de gobierno.
En agosto de 2002 asumió
la presidencia Gonzalo Sánchez de Lozada. Desde el comienzo de su mandato tuvo
que enfrentar bloqueos, marchas y otras acciones contrarias a su gobierno, en
particular promovidas por Evo Morales y Felipe Quispe. El 11 de febrero de
2003, otra vez el Grupo Especial de Seguridad se amotinó a la cabeza del ex
mayor David Vargas, exigiendo mejoras en el salario y en la logística. La
misión de este regimiento es de proveer seguridad al Presidente y a los
funcionarios que trabajan en el palacio de gobierno, por lo que éste quedó protegido
solo por la guardia militar de los Colorados. El 12 de febrero, una
manifestación trotskista de maestros entró en la plaza Murillo, culminando con
la apedreadora del edificio del palacio de gobierno, por parte de estudiantes
del colegio Ayacucho. La guardia de palacio lanzó gases lacrimógenos para
dispersar a los manifestantes, lo que a su vez fue respondido por los policías
amotinados con gases lanzados contra el palacio. Finalmente se desató un
enfrentamiento con armas de fuego entre los policías reforzados por efectivos
de otras unidades policiales y los militares del palacio reforzados por la policía
militar, que produjo la muerte de 9 policías, 4 militares y tres civiles.
El 13 de septiembre Felipe
Quispe, en protesta porque que se encarceló a un dirigente aimara, por haber
participado en el linchamiento de dos presuntos ladrones de ganado, bloqueó las
salidas de La Paz a Oruro y al Perú. En El Alto se realizó un paro protestando
contra nuevos impuestos decretados por el Gobierno Municipal de José Luis
Paredes. Los cocaleros de Yungas bloquearon la carretera a Yungas, por reclamos
relativos a la coca. El 20 de septiembre, una caravana de turistas bolivianos y
extranjeros fueron retenidos por un grupo armado en Warisata. El Gobierno
realizó un operativo policial militar que rescató a los turistas, con el
resultado de 6 muertos: 4 atacantes, una niña y un policía.
A fines de septiembre, en
La Paz y sobre todo en El Alto, la Central Obrera Boliviana (COB) realizó una
huelga general junto con jubilados y campesinos. Los estudiantes de la
Universidad Pública de El Alto realizaron actos vandálicos.
El 11 de octubre comenzó
la revuelta contra el gobierno liderada por Felipe Quispe, exigiendo que no se
realizara el proyecto de exportación de gas licuado a los mercados de Estados
Unidos y México. La revuelta paralizó las actividades en la ciudad de El Alto.
Se organizó un cerco a la ciudad de La Paz, con el propósito de cortarle el
suministro de alimentos y combustible. En las dos ciudades se produjeron
asaltos a las propiedades públicas y privadas y bandas atemorizaban a los
ciudadanos. En El Alto se obligaba a los alteños a participar en los bloqueos.
Cuando el gobierno organizó el aprovisionamiento de combustible mediante un
convoy de camiones cisterna, éste fue atacado y la respuesta ocasionó 20
muertos, de los más de 60 muertos que se produjeron en la revuelta.
Finalmente se pidió la
renuncia del presidente. Un grupo de intelectuales de izquierda, encabezados
por la ex defensora del pueblo Ana María Romero, realizó una huelga de hambre
apoyando el pedido. El vicepresidente Carlos Mesa retiró su apoyo al presidente.
La Sra. Ana María Romero llamó a los comandantes de las Fuerzas Armadas “para
que no disparen contra el pueblo”. El 17 de octubre, a las nueve de la noche
desde el aeropuerto de Viru Viru, el presidente Gonzalo Sánchez envió por fax al
Congreso su carta de renuncia.
El objetivo de estas
acciones fue claramente de destruir al sistema democrático de la república.
Felipe Quispe, que no se sentía boliviano, quería restaurar el Collasuyo del
Imperio Inca (que subyugó a los aimaras) y Evo Morales quería crear otro
estado, dominado por los productores de coca del Chapare, donde él sea su
mandatario. La CSUTCB y la COB, que más que organizaciones sindicales de
campesinos y trabajadores, eran organizaciones políticas cuyos dirigentes querían
ganar espacios de poder. El ex mayor David Vargas, al viejo estilo de los
golpes de estado, quería iniciar una revuelta para tomar el poder. El pretexto
era deshacer el proyecto de exportación de gas a Estados Unidos y México, por
eso se le llamó la “guerra del gas”.
Han pasado 21 años de este
acontecimiento, en que se logró cancelar este proyecto y dio lugar a grandes
cambios en la vida política y económica de Bolivia. Después de Venezuela,
Bolivia tenía en Sudamérica las mayores reservas de gas. En el transcurso de
los 21 años que han pasado, éstas se han reducido considerablemente, resultando
en la pérdida de la principal fuente de ingreso de dólares que tenía el país. Esto
ha ocasionado que la economía no pueda disponer de suficientes dólares para
adquirir los insumos del exterior que necesita para su funcionamiento. Como
consecuencia, se ha producido un aumento en los precios de los bienes, en
especial de los bienes adquiridos en el mercado internacional y la existencia
de un mercado paralelo. La escasez de dólares es un serio impedimento al
crecimiento de la economía.
Paralelamente, ha
aumentado la compra de diésel y gasolina en el mercado internacional, para ser
vendido en el mercado nacional a precios subsidiados, lo que significa para el
país la salida de los escasos dólares. En conexión con la caída de la
producción de gas natural, ha disminuido la producción nacional de estos
combustibles. A medida que pasa el tiempo, le es más difícil al Gobierno
abastecer al mercado de estos combustibles. Diariamente se producen colas en
los surtidores de diésel y gasolina. Empresas privadas han optado por importar
ellas mismas el diésel que necesitan para la producción de los bienes que
ofrecen al mercado nacional.
Venezuela tiene las
mayores reservas de petróleo del mundo y los transportistas venezolanos tienen
que hacer cola durante varias horas para adquirir unos cuantos litros de
gasolina. La empresa de petróleo de Venezuela PDVSA es incapaz de proveer gasolina
en suficientes cantidades a la economía venezolana. Ha sido destruida por el
gobierno de Hugo Chávez y conservada en ese estado por el gobierno de Nicolás
Maduro. Lo mismo ha sucedido en Bolivia con Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) que fue convertida en una empresa quebrada por el gobierno
del MAS de Evo Morales.
Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB) fue convertida en la empresa monopólica de la
industria de los hidrocarburos, asignándosele las funciones de explotación y
exploración de los hidrocarburos. Estas funciones fueron llevadas por personal
que no era calificado para ejercerlas. Los presidentes fueron nombrados por su
afinidad política con el Presidente de la Republica o con el MAS. Uno de ellos
se subía a los camiones repartidores de garrafas de gas y varios de ellos
tuvieron que dejar su cargo porque fueron encontrados realizando actos de
corrupción. Todos ejercían su cargo en forma interina. Como todas las empresas
del gobierno, YPFB era una oficina de empleos para los partidarios políticos. Hubo
denuncias (con pruebas) de que dirigentes políticos recibían sueldos sin
realizar algún trabajo en la empresa, simplemente cobraban su sueldo al final
de cada mes.
YPFB se dedicó a la
explotación del gas y descuidó la exploración de nuevos campos para reponer las
reservas. El Ministerio de Hidrocarburos y Energía diseñó un complicado
procedimiento de contratación de servicios de exploración, que resultó en pocos
contratos, que no encontraron nuevos depósitos de gas. Para suplir esta falta,
la empresa estatal decidió asumir las tareas de exploración, pero las
inversiones asignadas fueron insuficientes, puesto que la inversión fue
dirigida más a la explotación de los campos de gas. YPFB fracasó totalmente en
la reposición de las reservas de gas natural.
YPFB emprendió un
ambicioso plan de industrialización que terminó en un fracaso y dejó para el
país cuatro elefantes blancos: Planta separadora de Río Grande (184,9 millones
de $US), Planta separadora de Gran Chaco (608,9 millones de $US), Planta de
amoniaco y urea (862,5 millones de $US) con un ferrocarril que nunca se
concluyó, donde se perdió 200 millones de $US y Planta de licuefacción de Río
Grande (145,8 millones de $US). Estaban proyectadas las plantas de
prolipropileno (1.700 millones de $US) y polietileno (4.798 millones de $US) cuya
materia prima iba a ser producida por las plantas separadoras, de estas plantas
se hicieron los estudios de diseño.
Entre 2008 y 2014, el
gobierno de Evo Morales recibió 56.000 millones de $US por las exportaciones de
gas natural y con las exportaciones de minerales y productos agroindustriales el
ingreso recibido fue de 92.000 millones de $US. Nunca en su historia tuvo
Bolivia semejantes ingresos, que si hubieran sido bien empleados, habrían
marcado el camino para el esperado despegue de la economía boliviana. Estos cuantiosos
ingresos fueron despilfarrados en gastos inútiles, empresas estatales
deficitarias, malos proyectos, elefantes blancos y corrupción.
Con la justicia y el poder
político copados, el gobierno de Evo Morales se ocupó de des institucionalizar
al país y de convertir a la administración pública en un aparato de corrupción.
Anuló los instrumentos que se tenía para controlar y fiscalizar la administración
de los recursos del estado como la Ley SAFCO, el Sistema de Administración de
Bienes y Servicios, el Sistema Nacional de Inversión Pública y a la institución
encargada de hacer cumplir las normas de ellos, que es la Contraloría. De esta
manera, los proyectos de inversión pública y los gastos del gobierno se
hicieron según la voluntad y el deseo del presidente y los administradores
públicos.
Con la guerra del gas se
instituyen en el país el bloqueo y la pérdida del principio de autoridad. Los
bloqueos en las carreteras y las marchas a y en la ciudad de La Paz, son los
instrumentos para lograr la atención a requerimientos particulares de los
sectores. El gobierno dejó de ejercer el deber que tiene de mantener la libre
circulación por el territorio nacional, tanto en las calles como en las
carreteras. Rige la ley del más fuerte o de los sectores que tienen más fuerza
de presión como los mineros, que han conseguido apoderarse de empresas mineras,
pagar impuestos reducidos y obtener leyes que favorezcan a su sector. Los
bloqueos en las carreteras han ocasionado grandes pérdidas a la economía, sobre
todo en lo que se refiere a las exportaciones. Este es un mal que se tiene que
erradicar si se quiere que la economía pueda desarrollarse. Otros males que
afectan a la vida social y económica del país son el narcotráfico, el
contrabando, la toma de propiedades agrícolas en Santa Cruz y los incendios.
La ciudad de Santa Cruz se
ha convertido en la ciudad más grande y poblada de Bolivia y en el motor
económico del país. La metrópoli de La Paz, compuesta por las ciudades de La
Paz y El Alto, es la segunda conurbación con más habitantes del país, su
economía depende de los bienes y servicios que se producen en las dos ciudades,
no tiene la agricultura y agroindustria que tiene Santa Cruz. Los insumos para
su industria vienen de lejos, entonces su desempeño económico depende de las
condiciones que se tengan en las dos ciudades, para favorecer el desarrollo de
las empresas productoras de bienes y servicios. Pero en las dos ciudades, el
ambiente para favorecer el desarrollo de sus economías se ha deteriorado considerablemente,
por las movilizaciones que se producen continuamente y por el poder que han
adquirido los sindicatos y los gremios, que no dejan que se ejecuten políticas
que estimulen el desarrollo económico. De hecho, varias empresas, sobre todo de
El Alto, se han ido a Santa Cruz, donde pueden realizar sus actividades con
mayor seguridad. Muchos paceños y alteños han emigrado a esa ciudad, donde
tienen mayores posibilidades de conseguir empleos. Sobre todo en la ciudad de
El Alto, predomina la economía del empleo informal. La ciudad de La Paz tenía
una floreciente industria del turismo, que se ha visto notablemente disminuida
por la condiciones desfavorables para su desempeño.
A los 21 años de la guerra
del gas tenemos un país en profunda crisis política y económica. En el ámbito
político se tiene un gobierno autoritario, cuyo mandatario no quiere dejar la
presidencia, pese a que no tiene la capacidad de resolver la crisis y su
permanencia en el gobierno significará que ésta se profundice. Aún tiene que
deshacerse de su mentor Evo Morales, que tiene todavía la pretensión de volver
al poder político de la nación. El presidente Luis Arce ya no controla a la
Asamblea Legislativa, tiene enfrentada a la oposición y a los asambleístas de
su rival Evo Morales, por lo que tiene un bajo nivel de gobernabilidad. Tiene
controlada a la Justicia, que se encuentra prácticamente deshecha. Para
solucionar la crisis económica se necesitará recomponerla. Luis Arce no tiene
la altura de estadista que tuvo Hernán Siles Suazo de dejar la presidencia,
para que un gobierno competente resuelva la crisis económica.
Bolivia se encuentra en
una profunda crisis económica expresada en un grave déficit fiscal, que se
arrastra desde el año de 2014, un bajo nivel de reservas internacionales que
ocasiona la escasez de dólares, una fuerte subvención a los combustibles que el
gobierno le cuesta financiar, lo que ocasiona la escasez de estos en el mercado
y una enorme deuda externa que el gobierno tiene que cumplir con las
amortizaciones y pago de intereses. También el gobierno se verá próximamente en
dificultades para cumplir con el pago de la parte que le corresponde en las
pensiones de los jubilados, de la renta dignidad y de bonos que ha creado.
A los 21 años de la guerra
del gas tenemos el resultado, en el que Bolivia ha perdido y la victoria ha
sido de Evo Morales y el partido del MAS.
