A 21 años de la guerra del gas

 

Durante el gobierno del general Hugo Banzer (1997 – 2001) y del Ing. Jorge Quiroga (2001 – 2002) se concibió el proyecto de exportación de gas a Estados Unidos y México. Bolivia contaba con grandes reservas de gas natural, desarrolladas por la capitalización de las empresas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. El proyecto consistía en llevar el gas natural a un puerto del Pacífico, donde una planta de transformación lo convertiría en gas licuado, que sería transportado en barcos a los mercados de Estados Unidos y México. Recién estaba comenzando el negocio del gas licuado.

El presidente Quiroga continuó con las conversaciones que tuvo el presidente Banzer con el presidente chileno Lagos. Se llegó a un principio de acuerdo en el que el gobierno chileno concedería un puerto (que sería Patillos) en donde se construiría una planta de transformación del gas natural a líquido. El proyecto quedó en suspenso por la conclusión del periodo de gobierno.

En agosto de 2002 asumió la presidencia Gonzalo Sánchez de Lozada. Desde el comienzo de su mandato tuvo que enfrentar bloqueos, marchas y otras acciones contrarias a su gobierno, en particular promovidas por Evo Morales y Felipe Quispe. El 11 de febrero de 2003, otra vez el Grupo Especial de Seguridad se amotinó a la cabeza del ex mayor David Vargas, exigiendo mejoras en el salario y en la logística. La misión de este regimiento es de proveer seguridad al Presidente y a los funcionarios que trabajan en el palacio de gobierno, por lo que éste quedó protegido solo por la guardia militar de los Colorados. El 12 de febrero, una manifestación trotskista de maestros entró en la plaza Murillo, culminando con la apedreadora del edificio del palacio de gobierno, por parte de estudiantes del colegio Ayacucho. La guardia de palacio lanzó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, lo que a su vez fue respondido por los policías amotinados con gases lanzados contra el palacio. Finalmente se desató un enfrentamiento con armas de fuego entre los policías reforzados por efectivos de otras unidades policiales y los militares del palacio reforzados por la policía militar, que produjo la muerte de 9 policías, 4 militares y tres civiles.

El 13 de septiembre Felipe Quispe, en protesta porque que se encarceló a un dirigente aimara, por haber participado en el linchamiento de dos presuntos ladrones de ganado, bloqueó las salidas de La Paz a Oruro y al Perú. En El Alto se realizó un paro protestando contra nuevos impuestos decretados por el Gobierno Municipal de José Luis Paredes. Los cocaleros de Yungas bloquearon la carretera a Yungas, por reclamos relativos a la coca. El 20 de septiembre, una caravana de turistas bolivianos y extranjeros fueron retenidos por un grupo armado en Warisata. El Gobierno realizó un operativo policial militar que rescató a los turistas, con el resultado de 6 muertos: 4 atacantes, una niña y un policía.

A fines de septiembre, en La Paz y sobre todo en El Alto, la Central Obrera Boliviana (COB) realizó una huelga general junto con jubilados y campesinos. Los estudiantes de la Universidad Pública de El Alto realizaron actos vandálicos.

El 11 de octubre comenzó la revuelta contra el gobierno liderada por Felipe Quispe, exigiendo que no se realizara el proyecto de exportación de gas licuado a los mercados de Estados Unidos y México. La revuelta paralizó las actividades en la ciudad de El Alto. Se organizó un cerco a la ciudad de La Paz, con el propósito de cortarle el suministro de alimentos y combustible. En las dos ciudades se produjeron asaltos a las propiedades públicas y privadas y bandas atemorizaban a los ciudadanos. En El Alto se obligaba a los alteños a participar en los bloqueos. Cuando el gobierno organizó el aprovisionamiento de combustible mediante un convoy de camiones cisterna, éste fue atacado y la respuesta ocasionó 20 muertos, de los más de 60 muertos que se produjeron en la revuelta.

Finalmente se pidió la renuncia del presidente. Un grupo de intelectuales de izquierda, encabezados por la ex defensora del pueblo Ana María Romero, realizó una huelga de hambre apoyando el pedido. El vicepresidente Carlos Mesa retiró su apoyo al presidente. La Sra. Ana María Romero llamó a los comandantes de las Fuerzas Armadas “para que no disparen contra el pueblo”. El 17 de octubre, a las nueve de la noche desde el aeropuerto de Viru Viru, el presidente Gonzalo Sánchez envió por fax al Congreso su carta de renuncia.

El objetivo de estas acciones fue claramente de destruir al sistema democrático de la república. Felipe Quispe, que no se sentía boliviano, quería restaurar el Collasuyo del Imperio Inca (que subyugó a los aimaras) y Evo Morales quería crear otro estado, dominado por los productores de coca del Chapare, donde él sea su mandatario. La CSUTCB y la COB, que más que organizaciones sindicales de campesinos y trabajadores, eran organizaciones políticas cuyos dirigentes querían ganar espacios de poder. El ex mayor David Vargas, al viejo estilo de los golpes de estado, quería iniciar una revuelta para tomar el poder. El pretexto era deshacer el proyecto de exportación de gas a Estados Unidos y México, por eso se le llamó la “guerra del gas”.

Han pasado 21 años de este acontecimiento, en que se logró cancelar este proyecto y dio lugar a grandes cambios en la vida política y económica de Bolivia. Después de Venezuela, Bolivia tenía en Sudamérica las mayores reservas de gas. En el transcurso de los 21 años que han pasado, éstas se han reducido considerablemente, resultando en la pérdida de la principal fuente de ingreso de dólares que tenía el país. Esto ha ocasionado que la economía no pueda disponer de suficientes dólares para adquirir los insumos del exterior que necesita para su funcionamiento. Como consecuencia, se ha producido un aumento en los precios de los bienes, en especial de los bienes adquiridos en el mercado internacional y la existencia de un mercado paralelo. La escasez de dólares es un serio impedimento al crecimiento de la economía.

Paralelamente, ha aumentado la compra de diésel y gasolina en el mercado internacional, para ser vendido en el mercado nacional a precios subsidiados, lo que significa para el país la salida de los escasos dólares. En conexión con la caída de la producción de gas natural, ha disminuido la producción nacional de estos combustibles. A medida que pasa el tiempo, le es más difícil al Gobierno abastecer al mercado de estos combustibles. Diariamente se producen colas en los surtidores de diésel y gasolina. Empresas privadas han optado por importar ellas mismas el diésel que necesitan para la producción de los bienes que ofrecen al mercado nacional.

Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo y los transportistas venezolanos tienen que hacer cola durante varias horas para adquirir unos cuantos litros de gasolina. La empresa de petróleo de Venezuela PDVSA es incapaz de proveer gasolina en suficientes cantidades a la economía venezolana. Ha sido destruida por el gobierno de Hugo Chávez y conservada en ese estado por el gobierno de Nicolás Maduro. Lo mismo ha sucedido en Bolivia con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que fue convertida en una empresa quebrada por el gobierno del MAS de Evo Morales.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fue convertida en la empresa monopólica de la industria de los hidrocarburos, asignándosele las funciones de explotación y exploración de los hidrocarburos. Estas funciones fueron llevadas por personal que no era calificado para ejercerlas. Los presidentes fueron nombrados por su afinidad política con el Presidente de la Republica o con el MAS. Uno de ellos se subía a los camiones repartidores de garrafas de gas y varios de ellos tuvieron que dejar su cargo porque fueron encontrados realizando actos de corrupción. Todos ejercían su cargo en forma interina. Como todas las empresas del gobierno, YPFB era una oficina de empleos para los partidarios políticos. Hubo denuncias (con pruebas) de que dirigentes políticos recibían sueldos sin realizar algún trabajo en la empresa, simplemente cobraban su sueldo al final de cada mes.

YPFB se dedicó a la explotación del gas y descuidó la exploración de nuevos campos para reponer las reservas. El Ministerio de Hidrocarburos y Energía diseñó un complicado procedimiento de contratación de servicios de exploración, que resultó en pocos contratos, que no encontraron nuevos depósitos de gas. Para suplir esta falta, la empresa estatal decidió asumir las tareas de exploración, pero las inversiones asignadas fueron insuficientes, puesto que la inversión fue dirigida más a la explotación de los campos de gas. YPFB fracasó totalmente en la reposición de las reservas de gas natural.

YPFB emprendió un ambicioso plan de industrialización que terminó en un fracaso y dejó para el país cuatro elefantes blancos: Planta separadora de Río Grande (184,9 millones de $US), Planta separadora de Gran Chaco (608,9 millones de $US), Planta de amoniaco y urea (862,5 millones de $US) con un ferrocarril que nunca se concluyó, donde se perdió 200 millones de $US y Planta de licuefacción de Río Grande (145,8 millones de $US). Estaban proyectadas las plantas de prolipropileno (1.700 millones de $US) y polietileno (4.798 millones de $US) cuya materia prima iba a ser producida por las plantas separadoras, de estas plantas se hicieron los estudios de diseño.

Entre 2008 y 2014, el gobierno de Evo Morales recibió 56.000 millones de $US por las exportaciones de gas natural y con las exportaciones de minerales y productos agroindustriales el ingreso recibido fue de 92.000 millones de $US. Nunca en su historia tuvo Bolivia semejantes ingresos, que si hubieran sido bien empleados, habrían marcado el camino para el esperado despegue de la economía boliviana. Estos cuantiosos ingresos fueron despilfarrados en gastos inútiles, empresas estatales deficitarias, malos proyectos, elefantes blancos y corrupción.

Con la justicia y el poder político copados, el gobierno de Evo Morales se ocupó de des institucionalizar al país y de convertir a la administración pública en un aparato de corrupción. Anuló los instrumentos que se tenía para controlar y fiscalizar la administración de los recursos del estado como la Ley SAFCO, el Sistema de Administración de Bienes y Servicios, el Sistema Nacional de Inversión Pública y a la institución encargada de hacer cumplir las normas de ellos, que es la Contraloría. De esta manera, los proyectos de inversión pública y los gastos del gobierno se hicieron según la voluntad y el deseo del presidente y los administradores públicos.

Con la guerra del gas se instituyen en el país el bloqueo y la pérdida del principio de autoridad. Los bloqueos en las carreteras y las marchas a y en la ciudad de La Paz, son los instrumentos para lograr la atención a requerimientos particulares de los sectores. El gobierno dejó de ejercer el deber que tiene de mantener la libre circulación por el territorio nacional, tanto en las calles como en las carreteras. Rige la ley del más fuerte o de los sectores que tienen más fuerza de presión como los mineros, que han conseguido apoderarse de empresas mineras, pagar impuestos reducidos y obtener leyes que favorezcan a su sector. Los bloqueos en las carreteras han ocasionado grandes pérdidas a la economía, sobre todo en lo que se refiere a las exportaciones. Este es un mal que se tiene que erradicar si se quiere que la economía pueda desarrollarse. Otros males que afectan a la vida social y económica del país son el narcotráfico, el contrabando, la toma de propiedades agrícolas en Santa Cruz y los incendios.

La ciudad de Santa Cruz se ha convertido en la ciudad más grande y poblada de Bolivia y en el motor económico del país. La metrópoli de La Paz, compuesta por las ciudades de La Paz y El Alto, es la segunda conurbación con más habitantes del país, su economía depende de los bienes y servicios que se producen en las dos ciudades, no tiene la agricultura y agroindustria que tiene Santa Cruz. Los insumos para su industria vienen de lejos, entonces su desempeño económico depende de las condiciones que se tengan en las dos ciudades, para favorecer el desarrollo de las empresas productoras de bienes y servicios. Pero en las dos ciudades, el ambiente para favorecer el desarrollo de sus economías se ha deteriorado considerablemente, por las movilizaciones que se producen continuamente y por el poder que han adquirido los sindicatos y los gremios, que no dejan que se ejecuten políticas que estimulen el desarrollo económico. De hecho, varias empresas, sobre todo de El Alto, se han ido a Santa Cruz, donde pueden realizar sus actividades con mayor seguridad. Muchos paceños y alteños han emigrado a esa ciudad, donde tienen mayores posibilidades de conseguir empleos. Sobre todo en la ciudad de El Alto, predomina la economía del empleo informal. La ciudad de La Paz tenía una floreciente industria del turismo, que se ha visto notablemente disminuida por la condiciones desfavorables para su desempeño.

A los 21 años de la guerra del gas tenemos un país en profunda crisis política y económica. En el ámbito político se tiene un gobierno autoritario, cuyo mandatario no quiere dejar la presidencia, pese a que no tiene la capacidad de resolver la crisis y su permanencia en el gobierno significará que ésta se profundice. Aún tiene que deshacerse de su mentor Evo Morales, que tiene todavía la pretensión de volver al poder político de la nación. El presidente Luis Arce ya no controla a la Asamblea Legislativa, tiene enfrentada a la oposición y a los asambleístas de su rival Evo Morales, por lo que tiene un bajo nivel de gobernabilidad. Tiene controlada a la Justicia, que se encuentra prácticamente deshecha. Para solucionar la crisis económica se necesitará recomponerla. Luis Arce no tiene la altura de estadista que tuvo Hernán Siles Suazo de dejar la presidencia, para que un gobierno competente resuelva la crisis económica.

Bolivia se encuentra en una profunda crisis económica expresada en un grave déficit fiscal, que se arrastra desde el año de 2014, un bajo nivel de reservas internacionales que ocasiona la escasez de dólares, una fuerte subvención a los combustibles que el gobierno le cuesta financiar, lo que ocasiona la escasez de estos en el mercado y una enorme deuda externa que el gobierno tiene que cumplir con las amortizaciones y pago de intereses. También el gobierno se verá próximamente en dificultades para cumplir con el pago de la parte que le corresponde en las pensiones de los jubilados, de la renta dignidad y de bonos que ha creado.

A los 21 años de la guerra del gas tenemos el resultado, en el que Bolivia ha perdido y la victoria ha sido de Evo Morales y el partido del MAS.