I. El decreto supremo 21060
El
decreto supremo 21060 fue promulgado el 29 de agosto de 1985. El decreto puso
fin a la crisis económica que se produjo los años anteriores. El país volvió a
la normalidad económica, se controló la inflación y se reactivó la producción
de bienes y servicios. El Gobierno introdujo nueva moneda y puso el gasto
público bajo control.
El
decreto 21060 no fue solamente para superar la crisis, sino que fue el comienzo
de una nueva política económica, que comprendió a un conjunto de reformas
estructurales que cambiaron el sistema económico de Bolivia. Básicamente, se
pasó de un sistema económico en el que el estado era el principal ejecutor de
las actividades económicas, a un sistema en que el mercado sea el lugar donde
se realizan y se estimulan las actividades económicas. El Estado fue
transformado en su organización y sus instituciones. Se dio a los departamentos
y municipios una función más preponderante dentro de su administración.
Las
medidas más importantes del decreto 21060 y de su complementario el 21660
fueron:
·
Reducción del déficit fiscal mediante el congelamiento
de salarios, aumento del precio de los combustibles y reducción de los gastos
del estado. Se racionalizó la burocracia y se estableció para el Gobierno una
disciplina para llevar las finanzas públicas y una prudencia para llevar la
política monetaria.
·
Reforma del Banco Central, para que sea una
institución independiente del poder político. Se prohibió los préstamos que
hacía a las empresas públicas y al Ejecutivo.
·
Introducción de una tasa de cambio real y flexible del
dólar, mediante la creación del bolsín manejado por el Banco Central.
·
Liberalización total del mercado, donde debería haber
libre oferta y demanda y libertad para poner precios (con excepción del
transporte público urbano). Se estableció la libre contratación en el mercado
laboral.
·
Reforma tributaria: se redujo más de 400 impuestos a
siete básicos, entre ellos el IVA. Establecimiento de un arancel único a las
importaciones, con excepción de una lista de bienes de capital que estaba
sujeta a un arancel menor.
·
Apertura de la economía al mercado internacional. Se
estableció la libre importación y exportación de bienes y servicios. Se
quitaron las restricciones sobre los movimientos de capitales desde y hacia el
país.
Durante
el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada se crearon instituciones y se
promulgaron leyes que profundizaron la política económica iniciada por el decreto
21060. El sistema jurídico es esencial para la vigencia de la democracia y el
funcionamiento de la economía de mercado. Para fortalecerlo se creó el Tribunal
Constitucional, el Consejo de la Judicatura y la Defensoría del Pueblo. Una ley
trascendental fue la Ley de Participación Popular, que permitió que los
municipios dispongan de recursos y puedan dirigir y administrar su desarrollo.
Se
reemplazó el sistema de pensiones “de reparto”, que estaba al borde del
colapso, por el sistema de ahorro personal, donde los ahorros son administrados
por dos administradoras que invierten los fondos en operaciones financieras.
Esto ha significado la creación de un capital que sirve para fomentar las
inversiones.
Se
creó el Sistema Nacional de Inversión Pública para establecer un mecanismo de
selección de los proyectos de inversión pública. Esto para evitar que los
proyectos de inversión pública sean elegidos por razones políticas, intereses
creados o el capricho del presidente y no por la contribución que puedan hacer
al crecimiento de la economía. Se apartaron de la inversión pública los
proyectos del sector productivo, de hidrocarburos y ferrocarriles. El Estado se
tenía que avocar a los proyectos sociales y de infraestructura: agua potable,
saneamiento básico, educación, salud, carreteras, riego y electrificación rural.
Estos proyectos se debían realizar bajo el estricto control que estipula la Ley
SAFCO y la elección de las empresas constructoras se tenía que hacer mediante
licitaciones. La creación de fondos de desarrollo y de inversión social
significó que a lo largo de todo el país se construyeran como nunca sistemas de
agua potable, de saneamiento básico, de riego y otros de gran impacto social,
en proyectos correctamente auditados.
La
capitalización de las empresas públicas de hidrocarburos, energía eléctrica,
telecomunicaciones y ferrocarriles, convirtió a éstas en empresas rentables y
eficientes y produjo el enorme desarrollo que se ha tenido en estos campos. Con
las utilidades de la capitalización se creó el bonosol. El fruto de la
capitalización lo cosechó después el Gobierno de Evo Morales, gracias a la
espectacular subida del precio del gas.
II.
Relocalización del decreto supremo 21060
El
candidato a la presidencia Jaime Paz Zamora prometió “relocalizar al decreto
21060” cuando fuera presidente y cuando ejerció la presidencia no lo hizo, el
que lo hizo fue Evo Morales Ayma. Aunque dejó que el mercado tenga libertad,
llevó una política económica que pretendía hacer al gobierno el mayor de los
empresarios. Para ello convirtió en empresas estatales las empresas
capitalizadas de hidrocarburos, comunicaciones y energía, estatizó empresas
privadas de minería, de fundición, de electricidad, de agua potable, de
administración de aeropuertos y creó empresas industriales.
Realizó
enormes inversiones en elefantes blancos, como la planta de urea y amoniaco, la
planta separadora de líquidos del gas, la planta productora de GNL,
industrialización del litio, ingenio azucarero de San Buenaventura, Etc.
También creo empresas industriales para competir con las empresas privadas. El
propósito era dominar la economía boliviana. Esta política penalizó la libre
competencia que tiene que haber en el mercado, puesto que el estado se
convirtió en un empresario privilegiado con ventajas respecto a los empresarios
privados, además, en un empresario incompetente, que despilfarró los recursos
del país y no sufrirá ninguna penalidad pese al fracaso de sus emprendimientos.
En
contra de la política del 21060 de no malgastar los recursos de las reservas
internacionales netas del país que administra el Banco Central, el gobierno de
Evo Morales autorizó préstamos del Banco Central (con tasas de interés menores
al 1 %) a empresas estatales y al ejecutivo para realizar proyectos de
inversión pública. El Banco Central otorgó créditos por 8.412 millones de $US a
las Empresas Públicas Nacionales Estratégicas (Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos, Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos,
Empresa Nacional de Electricidad, Yacimientos del Litio Bolivianos y Empresa
Azucarera San Buenaventura). Mediante el Fondo para la Revolución Industrial
Productiva, el Banco Central concedió créditos a empresas estatales como
Quipus, Ecebol, Lacteosbol, Promiel, Emapa, Vinto, Huanuni, Corani, Enatex
(quebrada) entre otras. La red de teleféricos de la ciudad de La Paz fue
construida con crédito del Banco Central. Montos menores se usaron para apoyar
proyectos en cuatro departamentos.
Cuando
operaba el bolsín del Banco Central se tenía una tasa de cambio real y flexible
de la moneda extranjera, particularmente del dólar. El gobierno de Evo Morales no
operó el bolsín y mantuvo una tasa fija. El dólar o cualquier moneda extranjera
se obtiene de las exportaciones que hace el país, lo que significa que tiene un
precio para su economía, que era determinado por el juego de la oferta y la
demanda que proporcionaba el bolsín. Ahora que las exportaciones han disminuido
en valor y en volumen, el precio tiene que ser mayor que la tasa fija. Un
precio bajo del dólar fomenta la importación de bienes que producen países
extranjeros, haciendo que se usen más las reservas internacionales netas y de
un modo poco eficiente. Por otro lado, una tasa baja del dólar penaliza las
exportaciones que puede hacer el país.
Dentro
de la implementación de la política del 21060 se fijaba el precio de los
combustibles (principalmente gasolina y diésel) de acuerdo a los precios que
fija el mercado internacional, porque ese es el precio que puede obtener el
país si es que los vende en el mercado internacional. El subsidio que tienen
actualmente la gasolina y el diésel constituye una carga para la economía y un
uso no eficiente de esos bienes. YPFB tiene que usar los ingresos que recibe de
la exportación del gas para comprar gasolina y diésel de países extranjeros,
entre ellos Chile.
En
2006 el presupuesto consolidado de gastos corrientes fue de 26.966 millones de
Bs. El gobierno de Evo Morales incremento cada año los gastos corrientes hasta
llegar a un presupuesto consolidado de 126.626 millones de Bs el año 2015, los
años posteriores los presupuestos fueron del orden de 120.000 millones de Bs. En
ese año ya no había bonanza y ya se tenía (por segundo año) un déficit fiscal que
fue de 6,9 %. O sea, hubo en promedio un aumento de cinco veces en el gasto
corriente. Los ministerios que recibieron más recursos fueron Defensa, Gobierno
y Comunicación. Los ministerios de Salud o Educación recibieron cada uno un
tercio de lo que recibió Defensa y la mitad de lo que recibió Comunicación. El
Ministerio de la Presidencia recibió casi tanto como Educación y Salud. El
gobierno gastó 4.000 millones de $US en propaganda a través del Ministerio de
Comunicación. Se incorporaron al presupuesto de gastos corrientes los
presupuestos de empresas públicas deficitarias.
El
gobierno de Evo Morales relocalizó la Ley SAFCO, el Sistema de Administración
de Bienes y Servicios, el Sistema Nacional de Inversión Pública y la
Contraloría. Durante este gobierno, los presupuestos de inversión pública
ejecutados crecieron de 629 millones de $US en 2005 a 5.065 millones de $US en
2016 y a partir de ese año estuvieron por encima de los 4.000 millones de $US.
Sin los instrumentos de control, los proyectos de inversión pública se
eligieron según el arbitrio del presidente y los administradores públicos, sin
justificar su elección y la ejecución se realizó con la elección arbitraria de
empresas constructoras, sin realizar las licitaciones que mandan las normas. El
resultado fue el despilfarro de la bonanza y la enorme deuda externa e interna
que han dejado. Ahora el país cuenta con elefantes blancos y proyectos
inservibles.
Como conclusión de este análisis se puede decir que “Evo Morales y el MAS no tuvieron una pisca de misericordia con la República de Bolivia”.
