OCTUBRE NEGRO

En octubre de 2003, no fue la primera vez que se hace caer a un gobierno desde las calles, por movimientos interesados en tomar el poder. Es un proceso recurrente en la historia de Bolivia. Quizá el más dramático fue el derrocamiento del Gobierno del Presidente Gualberto Villarroel, cuando fue asesinado en el movimiento subversivo. Por eso es que el Presidente Evo Morales califica a movimientos populares que se producen en su contra, como intentos de desestabilizar a su Gobierno.

            El derrocamiento del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada comenzó con la sublevación de una unidad de la Policía, cuyo cuartel se encuentra a una cuadra del Palacio de Gobierno, lo que ocasionó un enfrentamiento con un destacamento del Ejército. Después hubo una emboscada en Warisata a una caravana de turistas resguardada por la Policía y finalmente una revuelta localizada en la ciudad de El Alto. El motivo era evitar que se lleve el gas hasta un puerto chileno para ser licuado y luego transportado al mercado de Estados Unidos.

            En los hechos la ciudad de La Paz se encontraba sitiada, con los revoltosos tratando de evitar que llegaran los bienes y servicios que necesitaba para que sus habitantes desarrollen sus actividades diarias. Dentro de la ciudad había grupos de choque que amedrentaban a los ciudadanos, en especial a los que usaban terno y corbata. El enfrentamiento con las fuerzas del orden produjo muertos. La mayor cantidad de ellos se produjo en el ataque a un convoy de camiones cisterna, protegido por fuerzas militares, que el Gobierno quería hacer llegar a La Paz para abastecer a las estaciones de combustible. El líder aparente de la revuelta fue Felipe Mallku Quispe, quien declaró que no se sentía boliviano. El resto del país se encontraba a la expectativa de lo que sucedía en La Paz/El Alto, sin tomar ninguna acción ni a favor ni en contra.

            El Presidente Carlos Mesa que reemplazó al presidente derrocado, fue también obligado a renunciar por los mismos movimientos políticos que propiciaron su ascenso a la presidencia. Tampoco pudieron acceder a la presidencia el Presidente del Senado Ormando Vaca Diez y el presidente de Diputados Mario Cossío, como señalaba la línea de sucesión, de acuerdo a lo que estipulaba la Constitución, no obstante que para salvar el régimen de los partidos tradicionales, el Congreso creó el Impuesto Directo a los Hidrocarburos, que aumentaba significativamente la participación del Estado en la renta de los hidrocarburos. Asumió como presidente Eduardo Rodríguez Veltze, presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien llamó a elecciones, en las cuales ganó el actual presidente Evo Morales Ayma, por más del 50 % de los votos. Otras dos elecciones y un plebiscito (con más del 60 % de los votos) le dieron el poder ejecutivo por un periodo de catorce años (están pasando 11 años) y la cooptación de los poderes Legislativo, Judicial, Electoral y la Contraloría. El Gobierno hizo una nueva constitución y fundó el Estado Plurinacional de Bolivia.

            Todo esto significó un “proceso de cambio”, pasamos de una república imperfecta a un estado fallido. Se perdió la democracia (aunque imperfecta) que tenía Bolivia desde 1983. Con los poderes Legislativo y Judicial subordinados al Poder Ejecutivo se estableció una dictadura democrática. El Gobierno usa el Poder Judicial para perseguir a sus opositores y proteger a sus autoridades de las acciones ilegales que realizan.

            Con el Poder Judicial maleado se perdió el Estado de Derecho. Los actos de corrupción en que incurrieron las autoridades del Gobierno no tuvieron en ningún caso la aplicación estricta de la ley, condenando a los que la infringieron. Los casos Rosza de separatismo y Leopoldo Fernández de masacre a campesinos ya llevan siete y ocho años en que no ha habido una sentencia, con pruebas que demuestren la culpabilidad de los acusados. Ha habido numerosos casos de fiscales que fueron suspendidos y en algunos encarcelados por incurrir en actos dolosos. Lo mismo ha sucedido con miembros de la policía. Los avallasamientos a propiedades mineras, agrícolas e inmobiliarias son también una muestra del quebrantamiento del Estado de Derecho. La institucionalización de los bloqueos a las carreteras y vías públicas como medios de conseguir atención a exigencias particulares, es reemplazar el estado de derecho por las acciones de hecho, vulnerando el derecho de otras personas.

            A partir de 2006, año en que comenzó su gestión el Gobierno del MAS, se produjo una bonanza económica, producto de los elevados precios de los hidrocarburos y minerales en el mercado internacional, algo que nunca antes se había visto en la historia de Bolivia. El Gobierno, para su fortuna, disponía ya de grandes reservas de gas y minas importantes como San Cristóbal.

            La bonanza le permitió al Gobierno entrar en un tren de despilfarro de los recursos que se generaron, en el gasto corriente, en gastos superfluos, en elefantes blancos y corrupción. Pese a que el Presidente se rebajó su sueldo y lo estableció como límite para el sueldo de los funcionarios públicos, se multiplicó el gasto en la administración pública, principalmente por el aumento en los funcionarios públicos. De acuerdo a un cálculo que le han hecho al costo de los viajes que ha realizado el Presidente en diez años de su gobierno en el avión presidencial, éste ha significado una erogación para el país de 100 millones de $US. Los aviones que disponen el Presidente y Vicepresidente son un gasto innecesario, que la mayor parte de los gobiernos no lo hacen, como el Gobierno de Austria cuyo presidente llegó a Bolivia en un vuelo comercial.

            El Presidente ha sembrado de canchas de futbol, coliseos y estadios el territorio nacional. Se está construyendo cuatro edificios públicos en la Sede de Gobierno: sedes del Ejecutivo y Legislativo, del Ministerio de Economía y de YPFB y de la Procuraduría en El Alto. No existe una razón valedera para justificar la construcción de un museo en Orinoca, más que la de ensalzar la figura del presidente. Se han construido aeropuertos en Uyuni, Oruro y Chimoré que no tienen demanda aérea para justificar su construcción. En Sucre se ha construido un segundo aeropuerto para reemplazar un aeropuerto que ha funcionado por muchos años sin mayores inconvenientes. Para llegar al nuevo aeropuerto se tarda una hora.

            Obviando la Ley SAFCO, las normas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, del Sistema Nacional de Inversión Pública y de lo que enseña la ingeniería y economía, se han construido carreteras sin justificación técnica y económica y se han edificado elefantes blancos. Cuando se produjo la caída de los precios del gas, el Ministro de Economía declaró que ello no sería mucho problema para la economía boliviana, puesto que ésta a partir de 2016 empezaría a recibir los recursos de los proyectos de industrialización, de las empresas estatales y de las carreteras.

            Los recursos que tenían que haber generado los proyectos de inversión pública no han llegado a concretarse y el Ministro Arce y el Gobierno no han hecho mayores comentarios. Más bien el Presidente está hablando de otros proyectos fantasiosos como El Bala y el tren bioceánico. La lista elefantes blancos incluye al satélite Tupac Catari, teleférico, ingenio azucarero de San Buenaventura, planta Gran Chaco y la de urea y amoniaco de Bulo Bulo. En el Fondo Indígena el país ha perdido 200 millones de $US en simple y clara corrupción.

            En lo que se refiere a minería el Gobierno ha gastado 182 millones de $US en el desarrollo del litio del Salar de Uyuni sin conseguir un resultado concreto. La mina Huanuni, que trabaja con 3.500 mineros, ha tenido un déficit de 15 millones de $US en 2015. En esta mina se ha construido un ingenio por 32 millones de $US que nunca podrá ser operado porque no tiene suficiente suministro de agua. En la fundición de Vinto se ha instalado un horno, que según los expertos está sobredimensionado.

            La Administradora Boliviana de Carreteras está ejecutando un programa de construcción de carreteras por 4.747 millones de $US, que comprende la construcción de carreteras de dos carriles por 3.483 millones de $US, de carreteras de cuatro carriles (dobles vías) por 1.103 millones de $US y de puentes por 161 millones de $US. La decisión para ejecutar estos proyectos se ha hecho sin ninguna planificación y sin realizar estudios de factibilidad. Tampoco se ha contratado a las empresas constructoras en licitaciones públicas y los contratos se han hecho bajo la modalidad de contratos llave en mano. La magnitud de la inversión comprometida siembra dudas sobre si se podrá concluir con la construcción de todas las carreteras y si se ha hecho una buena utilización de los recursos, considerando la forma en que fueron elegidos y ejecutados.

            Los precios del gas no son bajos y si se los hubiera administrado bien, todavía el gas seguiría siendo un sostén de la economía. El problema radica en que se están terminando sus reservas. Octubre negro ha hecho perder al país el negocio de venta del gas natural licuado (GNL) a Estados Unidos. Ahora este país es exportador de GNL y lo paradójico será que algún día tengamos que comprarle este producto en un puerto chileno. El YPFB plurinacional no ha sido capaz de reponer las reservas del gas.

            Si el país puede superar el prorroguismo del Gobierno, podrá quizá recuperar en parte el sistema democrático, pero recomponer el sistema judicial y recuperar las instituciones (que estaban comenzando a formarse) será una tarea muy difícil de realizar. La crisis económica, que ya ha comenzado a manifestarse, llegará en algún momento a declararse con toda su intensidad y encontrará a Bolivia en su bicentenario como un país atrasado y con futuro incierto.

Publicado por El Diario y correo electrónico en noviembre de 2016.