domingo, 11 de octubre de 2020

35 AÑOS DEL 21060

I.  El decreto supremo 21060

 

El decreto supremo 21060 fue promulgado el 29 de agosto de 1985. El decreto puso fin a la crisis económica que se produjo los años anteriores. El país volvió a la normalidad económica, se controló la inflación y se reactivó la producción de bienes y servicios. El Gobierno introdujo nueva moneda y puso el gasto público bajo control.

 

El decreto 21060 no fue solamente para superar la crisis, sino que fue el comienzo de una nueva política económica, que comprendió a un conjunto de reformas estructurales que cambiaron el sistema económico de Bolivia. Básicamente, se pasó de un sistema económico en el que el estado era el principal ejecutor de las actividades económicas, a un sistema en que el mercado sea el lugar donde se realizan y se estimulan las actividades económicas. El Estado fue transformado en su organización y sus instituciones. Se dio a los departamentos y municipios una función más preponderante dentro de su administración.

 

Las medidas más importantes del decreto 21060 y de su complementario el 21660 fueron:

 

·         Reducción del déficit fiscal mediante el congelamiento de salarios, aumento del precio de los combustibles y reducción de los gastos del estado. Se racionalizó la burocracia y se estableció para el Gobierno una disciplina para llevar las finanzas públicas y una prudencia para llevar la política monetaria.

·         Reforma del Banco Central, para que sea una institución independiente del poder político. Se prohibió los préstamos que hacía a las empresas públicas y al Ejecutivo.

·         Introducción de una tasa de cambio real y flexible del dólar, mediante la creación del bolsín manejado por el Banco Central.

·         Liberalización total del mercado, donde debería haber libre oferta y demanda y libertad para poner precios (con excepción del transporte público urbano). Se estableció la libre contratación en el mercado laboral.

·         Reforma tributaria: se redujo más de 400 impuestos a siete básicos, entre ellos el IVA. Establecimiento de un arancel único a las importaciones, con excepción de una lista de bienes de capital que estaba sujeta a un arancel menor.

·         Apertura de la economía al mercado internacional. Se estableció la libre importación y exportación de bienes y servicios. Se quitaron las restricciones sobre los movimientos de capitales desde y hacia el país.

 

Durante el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada se crearon instituciones y se promulgaron leyes que profundizaron la política económica iniciada por el decreto 21060. El sistema jurídico es esencial para la vigencia de la democracia y el funcionamiento de la economía de mercado. Para fortalecerlo se creó el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura y la Defensoría del Pueblo. Una ley trascendental fue la Ley de Participación Popular, que permitió que los municipios dispongan de recursos y puedan dirigir y administrar su desarrollo.

 

Se reemplazó el sistema de pensiones “de reparto”, que estaba al borde del colapso, por el sistema de ahorro personal, donde los ahorros son administrados por dos administradoras que invierten los fondos en operaciones financieras. Esto ha significado la creación de un capital que sirve para fomentar las inversiones.

 

Se creó el Sistema Nacional de Inversión Pública para establecer un mecanismo de selección de los proyectos de inversión pública. Esto para evitar que los proyectos de inversión pública sean elegidos por razones políticas, intereses creados o el capricho del presidente y no por la contribución que puedan hacer al crecimiento de la economía. Se apartaron de la inversión pública los proyectos del sector productivo, de hidrocarburos y ferrocarriles. El Estado se tenía que avocar a los proyectos sociales y de infraestructura: agua potable, saneamiento básico, educación, salud, carreteras, riego y electrificación rural. Estos proyectos se debían realizar bajo el estricto control que estipula la Ley SAFCO y la elección de las empresas constructoras se tenía que hacer mediante licitaciones. La creación de fondos de desarrollo y de inversión social significó que a lo largo de todo el país se construyeran como nunca sistemas de agua potable, de saneamiento básico, de riego y otros de gran impacto social, en proyectos correctamente auditados.

 

La capitalización de las empresas públicas de hidrocarburos, energía eléctrica, telecomunicaciones y ferrocarriles, convirtió a éstas en empresas rentables y eficientes y produjo el enorme desarrollo que se ha tenido en estos campos. Con las utilidades de la capitalización se creó el bonosol. El fruto de la capitalización lo cosechó después el Gobierno de Evo Morales, gracias a la espectacular subida del precio del gas.

 

II.  Relocalización del decreto supremo 21060

 

El candidato a la presidencia Jaime Paz Zamora prometió “relocalizar al decreto 21060” cuando fuera presidente y cuando ejerció la presidencia no lo hizo, el que lo hizo fue Evo Morales Ayma. Aunque dejó que el mercado tenga libertad, llevó una política económica que pretendía hacer al gobierno el mayor de los empresarios. Para ello convirtió en empresas estatales las empresas capitalizadas de hidrocarburos, comunicaciones y energía, estatizó empresas privadas de minería, de fundición, de electricidad, de agua potable, de administración de aeropuertos y creó empresas industriales.

 

Realizó enormes inversiones en elefantes blancos, como la planta de urea y amoniaco, la planta separadora de líquidos del gas, la planta productora de GNL, industrialización del litio, ingenio azucarero de San Buenaventura, Etc. También creo empresas industriales para competir con las empresas privadas. El propósito era dominar la economía boliviana. Esta política penalizó la libre competencia que tiene que haber en el mercado, puesto que el estado se convirtió en un empresario privilegiado con ventajas respecto a los empresarios privados, además, en un empresario incompetente, que despilfarró los recursos del país y no sufrirá ninguna penalidad pese al fracaso de sus emprendimientos.

 

En contra de la política del 21060 de no malgastar los recursos de las reservas internacionales netas del país que administra el Banco Central, el gobierno de Evo Morales autorizó préstamos del Banco Central (con tasas de interés menores al 1 %) a empresas estatales y al ejecutivo para realizar proyectos de inversión pública. El Banco Central otorgó créditos por 8.412 millones de $US a las Empresas Públicas Nacionales Estratégicas (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos, Empresa Nacional de Electricidad, Yacimientos del Litio Bolivianos y Empresa Azucarera San Buenaventura). Mediante el Fondo para la Revolución Industrial Productiva, el Banco Central concedió créditos a empresas estatales como Quipus, Ecebol, Lacteosbol, Promiel, Emapa, Vinto, Huanuni, Corani, Enatex (quebrada) entre otras. La red de teleféricos de la ciudad de La Paz fue construida con crédito del Banco Central. Montos menores se usaron para apoyar proyectos en cuatro departamentos.

 

Cuando operaba el bolsín del Banco Central se tenía una tasa de cambio real y flexible de la moneda extranjera, particularmente del dólar. El gobierno de Evo Morales no operó el bolsín y mantuvo una tasa fija. El dólar o cualquier moneda extranjera se obtiene de las exportaciones que hace el país, lo que significa que tiene un precio para su economía, que era determinado por el juego de la oferta y la demanda que proporcionaba el bolsín. Ahora que las exportaciones han disminuido en valor y en volumen, el precio tiene que ser mayor que la tasa fija. Un precio bajo del dólar fomenta la importación de bienes que producen países extranjeros, haciendo que se usen más las reservas internacionales netas y de un modo poco eficiente. Por otro lado, una tasa baja del dólar penaliza las exportaciones que puede hacer el país.

 

Dentro de la implementación de la política del 21060 se fijaba el precio de los combustibles (principalmente gasolina y diésel) de acuerdo a los precios que fija el mercado internacional, porque ese es el precio que puede obtener el país si es que los vende en el mercado internacional. El subsidio que tienen actualmente la gasolina y el diésel constituye una carga para la economía y un uso no eficiente de esos bienes. YPFB tiene que usar los ingresos que recibe de la exportación del gas para comprar gasolina y diésel de países extranjeros, entre ellos Chile.

 

En 2006 el presupuesto consolidado de gastos corrientes fue de 26.966 millones de Bs. El gobierno de Evo Morales incremento cada año los gastos corrientes hasta llegar a un presupuesto consolidado de 126.626 millones de Bs el año 2015, los años posteriores los presupuestos fueron del orden de 120.000 millones de Bs. En ese año ya no había bonanza y ya se tenía (por segundo año) un déficit fiscal que fue de 6,9 %. O sea, hubo en promedio un aumento de cinco veces en el gasto corriente. Los ministerios que recibieron más recursos fueron Defensa, Gobierno y Comunicación. Los ministerios de Salud o Educación recibieron cada uno un tercio de lo que recibió Defensa y la mitad de lo que recibió Comunicación. El Ministerio de la Presidencia recibió casi tanto como Educación y Salud. El gobierno gastó 4.000 millones de $US en propaganda a través del Ministerio de Comunicación. Se incorporaron al presupuesto de gastos corrientes los presupuestos de empresas públicas deficitarias.

 

El gobierno de Evo Morales relocalizó la Ley SAFCO, el Sistema de Administración de Bienes y Servicios, el Sistema Nacional de Inversión Pública y la Contraloría. Durante este gobierno, los presupuestos de inversión pública ejecutados crecieron de 629 millones de $US en 2005 a 5.065 millones de $US en 2016 y a partir de ese año estuvieron por encima de los 4.000 millones de $US. Sin los instrumentos de control, los proyectos de inversión pública se eligieron según el arbitrio del presidente y los administradores públicos, sin justificar su elección y la ejecución se realizó con la elección arbitraria de empresas constructoras, sin realizar las licitaciones que mandan las normas. El resultado fue el despilfarro de la bonanza y la enorme deuda externa e interna que han dejado. Ahora el país cuenta con elefantes blancos y proyectos inservibles.

 

Como conclusión de este análisis se puede decir que “Evo Morales y el MAS no tuvieron una pisca de misericordia con la República de Bolivia”. 

jueves, 8 de octubre de 2020

ESTADO PLURINACIONAL FALLIDO

 

Un estado fallido es uno que no tiene gobierno o uno que lo tiene, pero que ha perdido el control sobre su territorio o parte de éste, que no puede imponer la ley haciendo el uso legítimo de la fuerza, que no puede interactuar con otros estados y es incapaz de proveer servicios públicos a sus habitantes. En resumen, es un fracaso en el aspecto social, político y económico de su país, habiendo perdido la capacidad de desempeñar funciones básicas de desarrollo y seguridad.

 

Los países que ocupan los 10 primeros puestos en el índice de países fallidos son: Yemen, Somalia, Sudan del Sur, Siria, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Chad, Sudan, Afganistán y Zimbabue. En los países africanos, con excepción de Zimbabue que fue gobernado por un dictador, no existen gobiernos y están dominados por las bandas terroristas. En Yemen y Siria existe una guerra civil y en Afganistán los talibanes dominan en parte del territorio. En estos países los refugiados se cuentan en millones.

 

En el otro extremo están los países más estables y sólidos como Finlandia, Noruega, Suiza, Dinamarca, Islandia, Nueva Zelanda, Suecia, Canadá, Luxemburgo y Australia. Estos países tienen una sólida democracia, rige el principio de autoridad y el estado de derecho y el gobierno provee a los ciudadanos de buenos servicios públicos. No tienen corrupción y sus economías son fuertes. En Latinoamérica, Uruguay y Costa Rica son modelos de estado.

 

Entre estos dos extremos, están países que tienen fallas en su funcionamiento como estado. Tenemos a Corea del Norte que es una potencia nuclear, pero que es incapaz de alimentar a toda su población y de proveer los servicios básicos como electricidad, salud, educación al 60 % de su población. Está también Venezuela, donde cinco millones de venezolanos han tenido que emigrar a otros países para no morirse de hambre. México, que es la segunda economía de Latinoamérica, tiene fallas como estado, porque no puede eliminar el poder que tienen los carteles de la droga e igualmente Colombia, que es la cuarta economía de Latinoamérica, su gobierno no tiene el control de todo su territorio, ya que ciertas regiones están controladas por los guerrilleros y narcotraficantes. Desafortunadamente el Estado Plurinacional de Bolivia está en la categoría de estado fallido, por las muchas fallas que tiene en su funcionamiento como estado, está en el puesto 70 (de 178 países) del índice de países fallidos.

 

El Estado Plurinacional tuvo su origen en la revuelta que se produjo en la ciudad de El Alto en octubre de 2003, que obligó a renunciar al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. La revuelta fue protagonizada por los denominados “movimientos sociales” que en la realidad eran movimientos políticos. Los revoltosos paralizaron las actividades en la ciudad de El Alto y realizaron un cerco a la ciudad de La Paz, con el propósito de cortarle el suministro de alimentos y combustible. En las dos ciudades se produjeron asaltos a las propiedades públicas y privadas y bandas atemorizaban a los ciudadanos. En El Alto obligaban a los alteños a participar en los bloqueos. Se tuvo que lamentar más de 60 muertos. Cuando el gobierno organizó el aprovisionamiento de combustible mediante un convoy de camiones cisterna, éste fue atacado y la respuesta ocasionó la mayor cantidad de muertos.

 

El vicepresidente Carlos Mesa asumió la presidencia y decretó la amnistía para los revoltosos, como si se hubiera realizado un movimiento legítimo para sacar a un gobierno ilegal o autoritario. Recordemos que el motivo de la protesta era que no se venda gas a Estados Unidos a través de un puerto chileno. Los comandantes de las Fuerzas Armadas que cumplieron la orden de restablecer el orden y defender al gobierno, como lo manda la Constitución, están presos con una sentencia de 15 años. De esta manera se institucionalizó la movilización y el bloqueo. Los mismos movimientos políticos hicieron renunciar al presidente Carlos Mesa y no permitieron la sucesión de los presidentes de las cámaras de senadores y diputados y asumió la presidencia el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

 

Durante los últimos 17 años, los bloqueos y las movilizaciones dominaron la vida política del país. Se hicieron bloqueos por cualquier motivo para pedir la satisfacción a intereses particulares, vulnerando los derechos de otras personas. La policía y las fuerzas armadas perdieron la autoridad que tienen para hacer cumplir las leyes y restaurar el orden. En Cochabamba una centena de personas no deja que la basura se deposite en el relleno sanitario de Kara Kara, este tipo de bloqueo sucedió en La Paz y El Alto. En noviembre de 2019, cuando Evo Morales escapó del país, se produjeron hechos similares a los de octubre de 2003, esta vez en todo el país y hubo muertos. El mismo Evo Morales instruyó el cerco a las ciudades para que no tengan alimentos. En plena pandemia, los bloqueos realizados por el MAS en agosto de 2020, para que se realicen las elecciones antes de la fecha fijada por el Tribunal Electoral, produjeron la muerte de 40 enfermos de Covid 19 por falta de oxígeno.

 

El Estado Plurinacional de Bolivia fue instituido para crear un estado para que gobierne como monarca el presidente Evo Morales. El gobierno del MAS durante los casi 14 años de gobierno dominó los tres poderes del estado: ejecutivo, legislativo y judicial y el Tribunal Electoral. De esta manera impuso un gobierno autoritario, prebendalista y corrupto que clausuró una república que empezaba a consolidarse después de 178 años de existencia y de lucha contra gobiernos dictatoriales u oligargicos, donde hubo tres guerras internacionales y cuando comenzaba a consolidarse el estado, las instituciones, la democracia y el estado de derecho.

 

Como presidente, Evo Morales se creía dueño del país y de sus recursos. Cuando visitaba una institución lo hacía como si él fuera el dueño y disponía de los recursos del país como si fueran suyos. El definió las inversiones que hizo su gobierno en innumerables elefantes blancos y malos proyectos, que hizo desperdiciar al país, de la mejor oportunidad que tuvo en su historia, para lograr el tan esperado progreso económico.

 

Representando los intereses de la región del Chapare, el presidente favoreció el desarrollo del narcotráfico. Esta región se convirtió en un santuario del narcotráfico, nunca se supo de una captura de la policía de una fábrica de drogas, en los hechos la policía no tenía presencia en esa región. Su gobierno aumentó la superficie permitida para el cultivo legal de coca y fomentó el cultivo de la hoja en los parques naturales. El Chapare se convirtió en un centro de abastecimiento de materia prima para Brasil y Argentina, que puso en alerta a los gobiernos de esos países. Se denunció la presencia de los carteles de la droga de México y Brasil. La producción de droga se extendió por todo el país. Un funcionario de alto nivel del gobierno del MAS está preso en Estados Unidos, por el delito de narcotráfico y varios miembros del MAS han sido acusados de traficantes. Según publicaciones de la prensa internacional, había conexiones del gobierno del MAS con el Gobierno de Venezuela, cuyas autoridades principales están acusadas de narcotráfico por la Justicia de Estados Unidos.

 

En el Estado Plurinacional la justicia fue capturada por el gobierno. Mediante sufragio se nombraron jueces que obtuvieron votaciones marginales, pero que se acomodaban a defender los intereses del gobierno. De esta manera el Poder Judicial sirvió para que el presidente y los miembros de su partido manejaran el gobierno y los recursos del país según su antojo y complacencia y para que los delitos que cometían los miembros del gobierno no fueran penalizados y también para perseguir a autoridades de gobiernos anteriores y a opositores al gobierno. En el caso del Fondo Indígena, donde los recursos fueron a parar a cuentas particulares por proyectos fantasmas, la autoridad que denunció el desfalco está aprendido hace cinco años y sujeto a varios juicios. La degradación de la justicia se manifestó en la cantidad de jueces corruptos que fueron encontrados cometiendo delitos contra la ley.

 

Una muestra de cómo fue manipulada la justicia fue el caso del hotel Las Américas, donde tres extranjeros fueron asesinados y otros dos apresados. El presidente Evo Morales denunció a la prensa internacional que se había desbaratado un complot para asesinarlo. Posteriormente el gobierno los acusó, junto a otros ciudadanos cruceños, de montar un grupo armado para organizar un movimiento separatista. El juicio duró nueve años y nunca se presentó una prueba, más bien los hechos y las denuncias en contra, demostraban que el caso fue montado por el gobierno.

 

Con la justicia y el poder político copados, el gobierno de Evo Morales se ocupó de des institucionalizar al país y de convertir a la administración pública en un aparato de corrupción. Anuló los instrumentos que se tenía para controlar y fiscalizar la administración de los recursos del estado como la Ley SAFCO, el Sistema de Administración de Bienes y Servicios, el Sistema Nacional de Inversión Pública y la institución encargada de hacer cumplir las normas de ellos, que es la Contraloría. De esta manera, los proyectos de inversión pública y los gastos del gobierno se hicieron según la voluntad y el deseo de los administradores públicos. La bonanza que tuvo el país en los años del gobierno del MAS fue despilfarrada en gastos inútiles, empresas estatales deficitarias, malos proyectos, elefantes blancos y corrupción.

 

En el Estado Plurinacional fallido se produjeron asaltos a las propiedades agrícolas y mineras. En el Departamento de Santa Cruz muchas propiedades agrícolas fueron ocupadas y en el Occidente cualquier mina podía ser tomada por delincuentes. Esto ocasionó enfrentamientos entre mineros o entre mineros y comunarios, así en Huanuni hubo un enfrentamiento entre mineros y cooperativistas donde hubo una docena de muertos. Ahora la Empresa Minera de Huanuni tiene más de tres mil trabajadores. De manera similar, los loteadores en los centros urbanos ocasionaron graves conflictos a los propietarios legítimos y también hubo enfrentamientos entre loteadores y propietarios, había que defender la propiedad privada con el uso de la fuerza, porque el Estado era incapaz de hacer cumplir la ley.

 

Ante un estado débil el contrabando creció de manera alarmante. En las fronteras con Chile y Perú el gobierno tuvo que emplear a las Fuerzas Armadas para reprimir el contrabando, que se realiza en gran escala y donde están comprometidas poblaciones enteras y también funcionarios y policías. Policías fueron masacrados por los contrabandistas. Otro tanto sucede en las fronteras con Brasil, Paraguay y Argentina En poblaciones del Occidente, se puede comprar vehículos chutos con placas y papeles. En ciudades intermedias, los vehículos circulan con placas ilegales o simplemente sin placas, sin que exista control por las autoridades.

domingo, 9 de agosto de 2020

DESPILFARRO EN EL SECTOR TRANSPORTE

 

I.  Despilfarro en las carreteras

 

El ministro de obras públicas Iván Arias del Gobierno de la presidenta Janine Añez, dio un informe a mediados del mes de diciembre de 2019, de la situación del plan de inversiones de la Administración Boliviana de Carreteras (ABC), que establece que durante el gobierno de Evo Morales (2006 – 2019) se han gastado 11.000 millones de $US en las carreteras. De las carreteras construidas en este periodo, el 75 % presenta “deficiencias severas en el diseño, construcción, supervisión, entrega y recepción final”. El ministro señaló que hubo “ausencia de licitaciones, sobreprecios, malos sistemas de supervisión y politización en las decisiones” Este gasto equivale a ocho veces lo destinado a salud en el periodo y a 41 % de la deuda contraída en el mismo. Con estos 11.000 millones de $US, Bolivia debería tener una super red de carreteras que cubra todo el territorio nacional y abarque a las tres redes: fundamental, departamental y municipal.

 

Este enorme gasto se ha hecho para la construcción de carreteras de dos carriles (uno de ida y otro de vuelta) y la construcción de dobles vías (dos carriles de ida y dos de vuelta). Pese a ello, las últimas temporadas de lluvias han mostrado que Bolivia tiene una precaria red de carreteras. La mayor parte del territorio, particularmente el norte a partir de la carretera Copacabana – La Paz – Oruro – Cochabamba – Santa Cruz – Puerto Suarez, no dispone de transporte carretero transitable los 365 días del año. Desde Cobija, capital del Departamento de Pando, se puede llegar hasta Ilo, Matarani o Lima por una carretera pavimentada transitable los 365 días del año. En cambio, desde La Paz hasta Cobija se llega hasta en seis días por una carretera precaria, que se interrumpe en la temporada de lluvias, donde además hay proyectos de construcción por muchos millones de dólares.

 

Los proyectos del programa de inversión de la ABC no han seguido las normas de los sistemas de inversión pública y de administración de bienes y servicios. No han salido de un proceso de selección según criterios económicos, financieros y de ingeniería. Los proyectos se han elegido según el libre albedrío del presidente o de los funcionarios que ponían a su consideración los proyectos para su aprobación.

 

La Administradora Boliviana de Carreteras ha obviado la realización de los estudios de factibilidad, violando una de las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública, que especifica que un proyecto de inversión pública “debe contar con los estudios y evaluaciones que recomienden la asignación de recursos al proyecto, de acuerdo a los criterios de rentabilidad socioeconómica establecidos por el Órgano Rector”. De esta manera se han elegido proyectos costosos y sobredimensionados. Las dobles vías se justifican cuando la carretera ha alcanzado elevados volúmenes de tráfico (40.000 vehículos por día) y la ABC ha construido dobles vías, en carreteras que tienen tráficos inferiores a 6.000 vehículos por día.

 

La contratación de las empresas constructoras de las carreteras se ha realizado con procedimientos que no han seguido las normas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. No se ha llamado a licitaciones públicas y las adjudicaciones a las empresas constructoras se ha hecho de manera arbitraria y se ha seguido la modalidad de contratación “llave en mano” donde el contratista realiza el diseño y la construcción de la carretera y puede cobrar lo que quiere. Estos procedimientos han eliminado la transparencia en la ejecución de los proyectos carreteros. A ello hay que agregar la falta de control de parte de la Contraloría, que nunca se ha pronunciado por la clara infracción que la Administración Boliviana de Carreteras hacía de las normas legales vigentes.

 

La ABC ha contratado mayormente a empresas extranjeras, en ciertos casos a empresas que nunca habían construido una carretera y que para cumplir con el contrato tenían que recién conformar el plantel de ingenieros, con personal externo que no pertenecía a la empresa y además no disponían del equipo para construir la carretera.

 

En los proyectos se ha encontrado muchas irregularidades, como la rescinción de contratos por incumplimiento en la ejecución de las obras contratadas, mala ejecución de las obras, abandono de las empresas, malas prácticas de construcción, avances físicos mínimos frente a desembolsos máximos, discordantes con el avance que tuvo la empresa en la construcción de la carretera.

 

II.  Despilfarro en los aeropuertos

 

Los aeropuertos fueron otra fuente de despilfarro (260 millones de $US) en el gobierno de Evo Morales. En sus 14 años de gobierno se han construido aeropuertos que no se usan o que tienen muy poco uso. La lista incluye a los aeropuertos de: Uyuni (14,9 M.$US), Oruro (21,6 M.$US), Chimoré (36,3 M.$US), San Ignacio de Velasco (31,5 M.$US), Copacabana (7.3 M.$US) y Monteagudo (8,3 M.$US). Por otra parte, la Gobernación de La Paz ha construido aeropuertos en Apolo e Ixíamas.

 

Supuestamente el aeropuerto de Uyuni se ha construido para llevar turistas al salar de Uyuni, sin considerar que los turistas que atrae el salar son turistas de aventura que usan el transporte carretero. Se ofrece un servicio diario, con un avión de 50 pasajeros, que no justifica la construcción del aeropuerto. El aeropuerto de Oruro tiene solo un vuelo semanal de ida y vuelta a Santa Cruz ofrecido también por BOA, con un promedio de 20 pasajeros para un avión que tiene capacidad para 100 pasajeros.

 

El aeropuerto de Chimoré fue construido para que sea un “hub intercontinental” distribuidor de carga y pasajeros. Tiene una pista de 4.000 m y efectivamente tiene instalaciones para manejar pasajeros y carga, que están completamente sin uso. Otro aeropuerto que pretende ser convertido en hub de carga y pasajeros es el de Santa Cruz. El gobierno de Evo Morales ha comprometido un proyecto por más de 400 millones de $US para la ampliación de ese aeropuerto. Ello en el entendido de que, habiendo un aeropuerto de esa magnitud, se generará la carga y pasajeros que usaran la capacidad ofrecida por el aeropuerto. Los aeropuertos se construyen o se amplían para satisfacer una demanda creciente, derivada del crecimiento de la economía de la ciudad o región a la que sirve el aeropuerto.

 

Los aeropuertos de San Ignacio de Velasco, Copacabana, Monteagudo, Apolo, y Ixíamas, se han construido en ciudades que tienen poca población, donde no hay demanda para transporte aéreo. Nadie va a Copacabana en avión.

 

En Sucre se ha construido un segundo aeropuerto, sin que haya una razón valedera para desechar el aeropuerto que ha estado operando desde hace tantos años sin mayores inconvenientes. El aeropuerto está en Alcantari a 25 Km de la ciudad de Sucre y las operaciones se suspenden por eventos de neblina y lluvia. Su costo ha sido de 55,7 millones de $US. Se han invertido 28,9 millones de $US para convertir el aeropuerto de Cobija en uno de categoría internacional. El que había satisfacía la demanda de la ciudad de Cobija y la demanda por vuelos internacionales debe ser muy marginal y si hay pasajeros que desean viajar al exterior, tienen que ser llevados al aeropuerto internacional de Santa Cruz.

 

El gobierno de Evo Morales pagó en 2015 una indemnización de 38,5 millones de $US a la empresa Albertis, para tener la propiedad de SABSA, que administraba los aeropuertos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Gastó con recursos del TGN 7 millones de $US para la modernización del aeropuerto de El Alto. En 2018 la empresa estatal tuvo una pérdida de 18,1 millones de $US y en 2019 de 3,7 millones de $US.

 

III.  Despilfarro en los ferrocarriles

 

Se ha construido en Bulo Bulo (Chapare) una planta para producir urea y amoniaco, a un costo de 862,5 millones de $US, con el supuesto de que su producción será colocada mayormente en el mercado internacional, particularmente en Brasil. El hecho de estar ubicada en el Chapare aumenta los costos de capital y de transporte, porque se ha tenido que construir un ferrocarril de 150 Km entre Bulo Bulo y Montero para llevar el producto hasta Puerto Suarez. La planta debía haber sido ubicada en esta ciudad, por donde pasa el gasoducto que lleva el gas al Brasil y donde estaría cerca al mercado. La planta ha demostrado no ser factible y se encuentra paralizada.

 

            El costo del ferrocarril fue de 267 millones de $US. La construcción comenzó en 2013 y tenía que ser finalizada en 2019. Se contrató a dos empresas para construir dos tramos del ferrocarril, Montero – Yapacaní y Yapacaní – Bulo Bulo. En el primero, la empresa CAMC abandonó la construcción del tramo y se contrató otra empresa. En el tramo Yapacaní – Bulo Bulo se han construido cuatro puentes de envergadura.

 

Tren metropolitano de Cochabamba

 

Tiene un costo de 447,6 millones de $US que es cubierto con recursos del TGN. Las obras comenzaron en agosto de 2017. Contará con tres líneas: roja, amarilla y verde y tendrá 42,17 Km de longitud. Pasará por seis municipios: Sipe Sipe, Vinto, Quillacollo, Colcapirhua, Cercado y Sacaba. Se han concluido las líneas roja y amarilla, para la línea verde no se ha definido su trazado. El tren no ingresará al casco viejo.

 

            Según el Plan de Movilidad Urbana de Cochabamba, de acuerdo a su capacidad de transporte de 71.200 pasajeros diarios, el tren metropolitano podrá cubrir solo el 7,3% de la demanda potencial de pasajeros de su área de influencia. El tren sirve a pasajeros que se encuentran a 500 m a ambos lados de la vía y desean viajar a destinos que se encuentran a 500 m a ambos lados de la vía. No sirve para los otros miles deseos de viaje que hay en la Metrópoli de Cochabamba y que los cubre el transporte automotor. Por otro lado, el tren se ha construido por zonas despobladas, habitadas por personas que no usaran los servicios del tren. Lo razonable hubiera sido invertir en un proyecto de buses de alta capacidad de transporte de pasajeros, que se acomoden a los patrones de viaje de los cochabambinos. El costo del proyecto hubiera estado entre los 100 y 150 millones de $US. Hay que hacer notar que los costos de operación de los trenes son altos y dentro de éstos los costos fijos tienen una buena proporción.

 

IV.  El despilfarro de la red de teleféricos

 

La red de teleféricos consta de diez líneas, cuatro construidas en la ciudad de La Paz, tres líneas que son de conexión con la ciudad de El Alto, una línea que corre a lo largo de la Ceja del Alto y dos líneas que penetran esta ciudad, tiene una longitud de 31,61 Km. Según información proporcionada por el exgerente de la empresa Mi Teleférico Cesar Dockweiller, la red de teleféricos costó 738 millones de $US, de los cuales 27,1 millones de $US fueron para expropiaciones, 677,9 millones de $US pagados a la empresa Doppelmayr, 16,6 millones de $US para supervisión y 16,3 millones de $US para fiscalización y conformación de la empresa. La construcción de la red se financió con un préstamo al TGN del Banco Central.

 

            Según un reporte publicado por Mi Teleférico en marzo de 2020, en una semana del mes de enero de 2020 se transportaron un total de 1.947.317 pasajeros, lo que resulta en un promedio de 278.188 pasajeros diarios. Si se considera que esta cifra representa la contribución de la red de teleféricos a satisfacer la demanda de pasajeros que hay en las ciudades de La Paz y El Alto, que es de 2.900.000 de viajes por día, la red de teleféricos estaría cubriendo a lo mucho el 10,4 % de la demanda de transporte de las dos ciudades, por eso es que la población sigue dependiendo del tradicional sistema de transporte público, compuesto por unidades pequeñas, ofreciendo un pésimo servicio.

 

            Las tarifas que se cobran en la red de teleféricos son muy bajas (0,43 $US por recorridos de más de 2 Km). En la ciudad de Bogotá, la tarifa de ida y vuelta al Santuario de Monserrat es de 6,5 $US por un recorrido de 1,6 Km. En el Montserrat de España, la tarifa es de 10 euros. Para el teleférico de Río de Janeiro la tarifa es de 50 $US. Las tarifas son para recuperar la inversión realizada, cubrir los costos de operación y mantenimiento y generar recursos para ampliar el sistema. En los teleféricos además se tiene que reemplazar periódicamente cables, equipo electromecánico y electrónico.

 

            Es un hecho que Mi Teleférico nunca podrá pagar la deuda contraída con el Banco Central. Con las tarifas de pasajes que cobra y con la demanda de pasajeros que tiene, otro hecho es que no cubre sus costos de operación. Según análisis que se han hecho de los estados financieros de Mi Teleférico, se ha encontrado que en 2015 ha tenido un resultado negativo de 28,2 millones de $US y en 2016 de 41,5 millones de $US. En estos años operaban solo las líneas roja, amarilla y verde.

 

            Según los analistas financieros Julio Linares y Jimmy Osorio: “Los ingresos que sostienen a Mi Teleférico son los pasivos y aportes de capital, que son transferencias del TGN, cuya procedencia son prestamos públicos. Los ingresos de operación y otros son marginales a las transferencias del TGN que se carga a su deuda”.

 

En el año 2004, durante la gestión del alcalde Juan del Granado, se presentó una propuesta de implantación de un sistema de transporte masivo con buses de alta capacidad para el área metropolitana de La Paz y El Alto. El proyecto consistía en la implantación de un sistema de buses (articulados) de gran capacidad de transporte de pasajeros (160), que circularían por corredores exclusivos con carriles separados del resto del tráfico. Se estimó que el proyecto tendría un costo de 124.460.000 $US (dólares de 2004) y proveería a las ciudades de La Paz y El Alto, de un sistema de transporte masivo que ofrecería una alta calidad de servicio.

PANDEMIA, ECONOMÍA Y POLÍTICA

 

I. Pandemia

 

Al 28 de julio del año de la pandemia del covid-19, los contagiados por el virus en Bolivia llegaron a los 72.327 enfermos y las personas fallecidas llegaron a la cifra de 2.720 personas, en ese día se registraron 1.146 nuevos casos. Los sistemas de salud en todo el país han llegado a su límite de capacidad, ya no hay camas ni unidades de terapia intensiva, ni para los enfermos con covid-19, ni para los enfermos con otras enfermedades. No se deslumbra que la pandemia esté mitigándose, más bien está en un proceso de agudizamiento, como está sucediendo en muchos países del mundo, donde ya hay más de 16 millones de personas contagiadas y más de 600.000 fallecidas.

 

Para combatir la pandemia, el Gobierno de la Presidenta Janine Añez decreto el confinamiento el 22 de marzo, primero se realizó de forma rígida y luego se flexibilizó en lo que se denominó “cuarentena dinámica”, lo que motivó el crecimiento de los casos de contagio, principalmente porque la población no siguió las medidas de bioseguridad para evitar los contagios, que son el uso del barbijo, evitar las aglomeraciones, el distanciamiento físico de por lo menos 1,5 m y lavarse las manos continuamente. Esto incluye a las personas irresponsables, las que negaron la existencia del virus y las que realizaron marchas y bloqueos por motivos políticos.

 

Como presidenta, Janine Añez liderizó la lucha contra el covid-19, que se inició en forma temprana. Tuvo la cualidad de reunir a las instituciones, que debían conformar la primera línea en la batalla contra el virus, como las fuerzas armadas, la policía, colegios médicos, gobernaciones, gobiernos municipales y junto con los ministerios de su gobierno, enfrentar al enemigo invisible que es el corona virus. Los miembros de estas instituciones han demostrado mucho valor y compromiso en su labor y se ha lamentado muchas bajas en sus cuadros. Gracias a Dios que se fue Evo Morales, hemos podido apreciar una gestión presidencial totalmente opuesta a la del exmandatario en todo aspecto. Hemos visto un verdadero presidente, que gobierna para todos, que ha formado un buen equipo de trabajo, que sabe organizar, coordinar, comunicar y alentar y que llama a la unidad y a la solidaridad. Evo Morales era más un monarca que un presidente.

 

Para mí fue muy reconfortante ver a la policía y a las fuerzas armadas en las calles haciendo cumplir las disposiciones de los comités de operaciones conformados por autoridades del gobierno, las gobernaciones, los gobiernos municipales y colegios médicos. Ver también a ministros, gobernadores, alcaldes y otras autoridades comprometidas en el combate a la pandemia, que se ejecuta en forma descentralizada. Los alcaldes son los responsables de la lucha contra el virus en sus municipios, apoyados por los gobernadores y por el gobierno central. En todos los departamentos ha habido una buena coordinación entre ellos, en unos más que en otros. La propagación de la pandemia es culpa de los ciudadanos que no cumplen con las medidas de bioseguridad.

 

La pandemia encontró a Bolivia con un sistema de salud muy precario, con carencia de hospitales de segundo y tercer nivel, falta de equipamiento en los hospitales existentes, en especial de unidades de terapia intensiva, con carencia absoluta de respiradores y sin contar con la suficiente cantidad de profesional médico, en particular de profesionales especializados, como por ejemplo en terapia intensiva. En marchas forzadas, se ha tenido que adquirir equipos de terapia intensiva y de respiración, habilitar salas hospitalarias y centros de aislamiento. Mejor hubiera sido que, en vez de construir un palacio y un museo para Evo Morales, un edificio nuevo para YPFB, lujosas estaciones del teleférico, estadios para ciudades que no los necesitan, habilitar un edificio lujoso para el ministro de economía Luis Arce Catacora y muchas otras construcciones innecesarias, se hubieran construido hospitales de segundo y tercer nivel, se hubieran destinado más recursos para equipamiento de salud, en vez de despilfarrarlos en los viajes del presidente y asignar mayor presupuesto al sector salud, para tener más ítems para médicos, mejorar sus salarios y capacitarlos.

 

No se vislumbra cuando se terminará la pandemia en el país y en el mundo, será cuando la gente cese de contagiarse y lo más probable sea cuando se descubra una vacuna, la cual se está desarrollando por varios países y tiene buenos avances. Por tanto, tendremos pandemia todo este año y quizá parte del próximo.

 

II. Economía

 

Cuando se produjo la caída de los precios del petróleo, lo cual traería consigo la baja en los precios del gas, el entonces ministro de economía Luis Arce Catacora declaró a la revista Nueva Economía, que esto no sería mucho problema para la economía boliviana, puesto que esta “a partir de 2016 empezará a recibir los recursos de la industrialización y de las empresas estatales en actual proceso de consolidación. Vamos a empezar a recibir los réditos de haber invertido en su momento. Las carreteras van a estar concluidas, los proyectos de industrialización del litio, el Mutún, las plantas de cemento, las hidrometalúrgicas, las carreteras. Eso significa mayor crecimiento económico”.

 

            Al año de 2020, todavía tenemos una precaria red de carreteras, pese a que se gastaron 11.000 millones de $US en proyectos de construcción de carreteras, no hay ningún resultado de la industrialización del litio, a la cual se destinó 600 millones de $US, el proyecto Jindal del Mutún fue un fracaso y el segundo se perfila como uno nuevo, la planta de cemento de Oruro no arranca y tiene deuda con los constructores, la construcción de la planta de cemento de Potosí está paralizada y el ingenio hidrometalúrgico de Huanuni no puede operar, porque no tiene suficiente suministro de agua.

 

A ello hay que agregar los numerosos elefantes blancos, como la planta de urea de Bulo Bulo, la planta separadora de líquidos, el ingenio azucarero de San Buenaventura, la red de teleféricos, los aeropuertos y otros muchos más. En cuanto a las empresas estatales, estas trabajan a perdida y tienen déficits millonarios, como Boliviana de Aviación, empresa de aeropuertos SABSA, Empresa Metalúrgica de Vinto que debe 80 millones de $US, Empresa Minera de Huanuni, donde trabajan más de 3.000 mineros y otras más. Este monumental despilfarro no ha significado “crecimiento económico” más bien ha hecho perder a Bolivia la mejor oportunidad que tuvo en toda su historia para salir del subdesarrollo y más bien estos pésimos emprendimientos constituyen una carga pesada para su economía. También, el ministro Arce Catacora nos ha dejado cinco años de fuerte déficit fiscal, balanza de pagos negativa, disminución en las reservas de moneda extranjera y elevadas deudas externa e interna. A ello hay que agregar que el gobierno de Evo Morales ha matado la gallina de los huevos de oro que era YPFB, en lo que se refiere especialmente al agotamiento de las reservas de gas.

 

            Si el gobierno de Evo Morales, Luis Arce Catacora y el MAS han echado por los suelos a la economía de Bolivia, ahora la pandemia quiere enterrarla. Como sucede en los países del mundo víctimas de la pandemia, en Bolivia se está produciendo una fuerte contracción de la economía, lo que significará para el país una disminución del PIB, para el estado un incremento en el déficit fiscal, para las empresas públicas y privadas estados financieros negativos, que en muchas determinarán su cierre, la pérdida de empleos, el aumento de la pobreza y otras consecuencias negativas más.

 

            El próximo gobierno tendrá la penosa tarea de reconstruir el aparato económico del país. En primera instancia tendrá que tomar la decisión fundamental de priorizar la economía sobre la política. No sea que le suceda como, en el pasado, a la UDP que manejó la economía en función de la política y llevó al país a una crisis económica sin precedentes, con un récord de hiperinflación. No supo revertir las condiciones adversas en que recibió la economía de una era de gobiernos autoritarios, que despilfarró los recursos que tuvo el país en otra bonanza y que dejó al país con elefantes blancos, empresas estatales deficitarias y una enorme deuda externa.

 

            Ciertos temas serán sensibles en la agenda del próximo gobierno como: que hacer con los elefantes blancos y las empresas estatales deficitarias, como disminuir el déficit fiscal, la elección de proyectos de inversión pública que reporten beneficios para el país, seguir la política de que el gobierno lleve a cabo proyectos en el sector productivo o dejar que estos los realicen los empresarios privados, como fomentar la inversión privada nacional y extranjera, como fomentar la producción y como restablecer el estado de derecho, la seguridad jurídica y la vigencia de la ley SAFCO.

 

III. Política

 

La pandemia ha afectado fuertemente a las expectativas de las candidaturas a las elecciones que tenían que realizarse este año, para designar al gobierno que regiría los destinos del país los próximos cinco años. El primero que reaccionó fue Evo Morales, quien declaró que la pandemia le permitiría a la derecha prolongarse en el poder. Desde el comienzo de la pandemia, el candidato del MAS y su partido han reclamado agriamente por la realización inmediata de elecciones, recurriendo a los instrumentos de lucha que tiene, que son los bloqueos y las movilizaciones.

 

            En un país donde prevalece la cultura política caudillista, donde una gran parte de su población busca más caudillos que gobiernos, el tiempo en que un caudillo está fuera del escenario político, es crucial para su vigencia. Por otro lado, el MAS teme por el ablandamiento del voto duro o porque cada vez más votantes adquieran conciencia del descalabro que ha significado para Bolivia el gobierno de Evo Morales, que hubiera sido mejor tener un hospital que un estadio para 25.000 asistentes y que sería mejor tener un presidente que responda a los intereses del país, que un presidente que usa el poder para satisfacer sus apetitos personales.

 

            Si el MAS no hubiera hecho fraude en las elecciones de octubre de 2019, Carlos Mesa sería hoy presidente y también probablemente hubiera ganado las elecciones, si se hubieran realizado en mayo de este año. Todavía Carlos Mesa se mantiene segundo en las encuestas de preferencia electoral y como probable ganador en la segunda vuelta, pero teme perder esa posición con la postergación del acto eleccionario, frente a una presidenta candidata que puede usar su gestión para promover su candidatura.

 

            El Tribunal Supremo Electoral ha fijado el 18 de octubre para el acto eleccionario y el 29 de noviembre para la segunda vuelta, en caso de que sea necesaria para definir a la candidatura ganadora entre las dos más votadas de la primera vuelta. No hay seguridad de que para el 18 de octubre se haya mitigado la pandemia, de manera que haya las condiciones para que los jurados y votantes vayan a votar sin temor de contagiarse con el virus covid-19. Si no las hay, se corre el riesgo de que los resultados no representen la verdadera voluntad del pueblo, principalmente por el elevado ausentismo de la gente que prefiere cuidar su salud, en especial de las personas de la tercera edad y con enfermedades de base. Los enfermos de corona virus estarán reprimidos de emitir su voto.

 

            Las elecciones deberían realizarse cuando se acabe la pandemia. En los hechos el país está en guerra y durante una guerra no se hacen elecciones, se concentran todos los esfuerzos para derrotar al enemigo. Tampoco es conveniente un cambio de gobierno, en las guerras se ha visto que no son convenientes los cambios en los mandos, porque debilitan las fuerzas que ya ha edificado el país y se prescinde de mandos que ya han adquirido experiencia en la lucha contra el enemigo.

 

            Las elecciones deberían realizarse cuando todos los que estamos habilitados para votar podamos hacerlo con toda seguridad y libertad, con un padrón electoral depurado y cuando podamos conocer cuáles son los planes que tienen las candidaturas para reconstruir la economía, la democracia, las instituciones y en general al país en su conjunto.

miércoles, 29 de abril de 2020

NO NECESITAMOS CAUDILLOS, NECESITAMOS GOBIERNOS


Cuando Carlos Mesa era presidente, según las encuestas tenía una aprobación del 80 % y no gobernaba el país, el gobierno estaba en las calles. En el Perú, su presidente Alejandro Toledo tenía una aprobación del 13 % y gobernaba su país. A pesar de tan excelente aprobación, Carlos Mesa tuvo que renunciar a la presidencia por la presión de los movimientos políticos.

            Antes que las organizaciones políticas definieran sus candidatos, se vienen realizando encuestas sobre intenciones de votos entre los políticos que se destacan en la arena política, suponiendo que estos serían eventuales candidatos a la presidencia. Hasta ahora el presidente Evo Morales ha encabezado las encuestas, le ha seguido el expresidente Carlos Mesa y luego otros políticos como Samuel Doria Medina, Rubén Costas, Luis Revilla, Víctor Hugo Cárdenas, Félix Patzi, Jaime Paz Zamora, todos ellos tienen bajas votaciones.

            Pese al desgaste que tiene el gobierno del presidente Evo Morales, sigue siendo el político con el mayor apoyo de los bolivianos, aunque este apoyo haya disminuido significativamente. Tiene una intención de voto mucho mayor que Luis Revilla, a pesar de que la gestión de Revilla en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, se la puede calificar muchos puntos más que la gestión del presidente, este factor no lo consideran los que participan en las encuestas.

            Hay que recordar el ascenso que tuvo el presidente desde dirigente cocalero hasta ocupar la presidencia más larga de la historia de Bolivia, que se debió a las acciones políticas en las carreteras y en las ciudades de La Paz y El Alto y a sus cualidades de caudillo. No hubo ninguna consideración de su capacidad para conducir el país. “No soy economista, no soy experto en planificación, yo soy experto para marchar y bloquear caminos”, así describió su perfil en un foro internacional de desarrollo. Gran parte de los bolivianos encontraban en él al poderoso caudillo que debía ocupar la presidencia, solamente por su fuerza de caudillo.

            Los gobiernos son eficientes, aparte de la figura del presidente, por el equipo que le acompaña y por las instituciones que dispone para realizar la gestión de gobierno. En cualquier país, los gobiernos deben cambiar pero las instituciones no. En este aspecto, Bolivia habrá llegado a su bicentenario sin haber creado instituciones. La tendencia ha sido siempre la de buscar caudillos, en los cuales se ha depositado las esperanzas de progreso para el país.

            La cultura del caudillaje está muy enraizada en la vida política del país. Cuando se tiene que elegir gobiernos, los electores en una gran parte piensan solamente en el candidato a la presidencia y la selección la hacen en base a criterios subjetivos y afectivos. No toman en cuenta la capacidad intelectual del candidato, ni su carrera política o los hechos de su vida que den testimonio de que podrá dirigir con solvencia y honestidad los destinos del país, ni el equipo que pueda formar para realizar su gestión. Incluso hay en sus decisiones elementos de anti-intelectualismo, anti-empresarismo y anti-elitismo. Se busca lo nuevo frente a lo conocido.

            Frente a este panorama político se presentan tres escenarios:

1.    Que el Presidente Evo Morales sea reelegido por cuarta vez, por el voto de apoyo que todavía conserva y/o por trampas hechas en el proceso eleccionario. Ya no sería un gobierno como fue en las anteriores gestiones, además de ser ilegal e ilegítimo, tendría una fuerte impopularidad, no contaría con los enormes recursos que tuvo por las altas cotizaciones y no tendría el dominio (si es que también no hay trampas) sobre la Asamblea. Habría un poco de justicia en el hecho de que tendría que enfrentar la crisis a que habría dado origen. Sería el camino directo al desastre.
2.    Que una formula de la oposición acceda al Gobierno, como resultado de haber derrotado a Morales en las elecciones. Pero es un gobierno tipo UDP que gobierna para las encuestas, mas enfocado en los asuntos políticos que en buscar soluciones para la grave crisis que vive el país en lo que se refiere a la justicia y el estado de derecho, a la institucionalidad y a la economía. El camino al desastre sería más largo.
3.    Que acceda al Gobierno una formula, cuyo candidato a la presidencia es un boliviano (o una boliviana) capaz, responsable, comprometido, y decidido a enfrentar la tarea inevitable de reconstruir el país. Para ello tendrá que formar un equipo de gobierno altamente calificado y reconstituir las instituciones nacionales. Tendrá que enfrentar a un ambiente que tiene poca simpatía por estos líderes, además que su gobierno tendrá que tomar duras medidas económicas.

Lo que necesita Bolivia es el gobierno del tercer escenario.


Publicado por El Diario y correo electrónico en noviembre de 2018

lunes, 13 de abril de 2020

EL CUARTO MANDATO DEL PRESIDENTE EVO MORALES


El Presidente Evo Morales es candidato en las próximas elecciones para ejercer su cuarto mandato como presidente de Bolivia, ejerciendo el derecho humano que tiene de ser candidato para ser reelegido indefinidamente. Según las encuestas independientes, la intención de voto para su candidatura está entre el 30 y 33 %, con 6 % por encima de Carlos Mesa el siguiente candidato en la preferencia electoral. Según estas encuestas, perdería en la segunda vuelta de las elecciones. En los últimos tiempos, tres sucesos se han presentado que podrían hacer bajar su preferencia electoral, el gran incendio en la Chiquitanía, del cual se culpa a su Gobierno haber sido el causante y no haber sido capaz de controlarlo, de las revelaciones que se han producido en Brasil de estar involucrado el presidente en operaciones ilegales con la empresa OAS y el cabildo que se ha producido en la Ciudad de Santa Cruz, con la asistencia de más de un millón de personas, que se ha mostrado completamente contrario a su candidatura.

            Con estos sucesos, si se tratara de un viejo político boliviano, éste ya hubiera renunciado a su candidatura. Incluso, con el referendo del 21 de febrero de 2016, debería haber aceptado la voluntad popular y retirarse de la contienda electoral, para volver cuando los tiempos sean más propicios. Eso es lo que hizo el expresidente Hugo Banzer, después de haber tenido una bonanza, ejercido autoritariamente el gobierno, haber despilfarrado los recursos públicos, creado elefantes blancos, haber endeudado al país y preparado el terreno para la crisis económica que se produjo años después, volvió a la política, ganó dos elecciones y fue presidente constitucional, derrocado únicamente por el cáncer.

No sé cómo podría suceder un cuarto mandato del Presidente Evo Morales, pero usando mi imaginación propongo un ejercicio de cómo sería su cuarto mandato. Comenzando con el aspecto político, creo que enfrentará una grave crisis de gobernabilidad. Es muy probable que ya no tenga los dos tercios de representantes en las Asambleas de Senadores y Diputados y con ello ya no podrá imponer sus políticas, como lo ha venido haciendo en sus últimos dos periodos. Tendrá que gobernar con un parlamento fiscalizador y contrario a sus intereses. Tendrá en contra por lo menos a tres departamentos: Santa Cruz, Potosí y Tarija y a todas las ciudades capitales del país. No podrá presentarse en actos públicos, aparte de los que organiza su Gobierno especialmente para él.

En el aspecto económico se mantendrá el déficit fiscal por los cinco años del mandato. Los ingresos seguirán bajando como consecuencia de la caída de la producción y venta del gas. El subsidio del diésel y la gasolina seguirá erosionando el erario fiscal. Los elefantes blancos y las empresas públicas no producirán nuevos ingresos, más bien necesitarán de recursos públicos para funcionar. El presidente seguirá con los enormes gastos que significan sus viajes en su avión y helicóptero personales. Se mantendrán los excesivos gastos de la administración central, que ha sido sobredimensionada en la gestión de gobierno del presidente.

Según declaró el Gobierno Municipal de La Paz, el servicio de buses pumakatari está subvencionado, los ingresos que tiene por venta de pasajes apenas cubre el 40 % de sus gastos de operación. No se sabe cuanta subvención recibe Mi Teleférico para funcionar, ésta presumo que es cuantiosa, por lo bajo del pasaje y la poca demanda de pasajeros que cubre. Unas cuatro o cinco líneas tienen afluencia de pasajeros en ciertas horas, pero las demás se las ve circular con cabinas vacías o muy pocos pasajeros.

Otra fuente del déficit fiscal es la Empresa Minera Huanuni que opera con 3.000 trabajadores, cuando podría hacerlo con 800. Los salarios que reciben estos trabajadores son de más de 1.000 $US. Cuantas otras empresas públicas estarán en similar situación, aunque no de la misma magnitud. Tenemos que preguntarnos si la Planta de Urea de Bulo Bulo o el Ingenio Azucarero de San Buenaventura cubren siquiera sus costos de producción y transporte.

El Gobierno ha emprendido un ambicioso plan de inversiones en carreteras, financiado durante varios años con recursos internos. Ahora que ya no dispone de estos recursos, tiene que recurrir al endeudamiento, para continuar con los proyectos que se encuentran en progreso.

El Presidente Evo Morales sigue con su afán de crear elefantes blancos. Este es el caso de la construcción de la planta de polipropileno que ha emprendido y que costará más de 2.000 millones de $US. No se ha dado cuenta que se ha terminado la bonanza y también que se está terminando el gas.

Otros temas de la problemática económica son el déficit comercial y la disminución de las reservas en moneda extranjera, que no se tocan en este artículo. Dentro del tema del déficit fiscal, podemos decir que a nivel personal, de empresa o de país, si gastas más de lo que ganas y además te prestas o recurres a tus reservas para cubrir tus gastos, esto te conduce a la ruina. Un cuarto mandato del Presidente Evo Morales, conducirá inevitablemente a la ruina de Bolivia.


Publicado por El Diario y correo electrónico en septiembre de 2019.