El
escándalo de corrupción que se produjo en Brasil en los últimos años, que
involucró principalmente a la empresa Odebrecht, ha alcanzado a nuestro país en
la ejecución de dos proyectos de construcción de dos tramos de la carretera
Santa Cruz – Puerto Suarez. Estos proyectos se ejecutaron en las gestiones de
los presidentes Carlos Mesa, Eduardo Rodríguez y Evo morales. Por iniciativa de
la Asamblea se ha iniciado un proceso de investigación a autoridades y
funcionarios de los gobiernos de Mesa y Rodríguez, incluyendo preferencialmente
al expresidente Carlos Mesa.
La investigación está dirigida a
investigar un acto de corrupción que podría haber sido cometido por autoridades
y funcionarios de gestiones anteriores a la del Gobierno del Presidente Evo
Morales. Si el objetivo de la Asamblea es luchar contra la corrupción, se
tendría que ampliar las investigaciones a la gestión del Presidente Evo Morales,
cuando se han ejecutado proyectos de carreteras que no han seguido las normas
de los sistemas de inversión pública y de administración de bienes y servicios
y no han salido de un proceso de selección según criterios económicos,
financieros y de ingeniería.
La contratación de las empresas
constructoras de las carreteras se ha hecho con procedimientos que no han
seguido las normas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. No se
han hecho licitaciones públicas y las adjudicaciones a las empresas
constructoras se han hecho de manera arbitraria y en muchos casos se ha seguido
la modalidad de contratación “llave en mano” donde el contratista realiza el
diseño y la construcción de la carretera y puede cobrar lo que quiere.
Los procedimientos que se han seguido han
eliminado la transparencia en la ejecución de los proyectos carreteros. A ello
hay que agregar la falta de control de parte de la Contraloría, que nunca se ha
pronunciado por la clara infracción que se ha hecho de las normas legales
vigentes. No se puede aplicar la norma fundamental de la Ley SAFCO de que “todo
servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad por
sus actos, midiendo cuenta documentada y transparente, no solo de los recursos
que le fueron confiados, sino también de la forma y resultado de su
aplicación”.
El cambio de nombre de Servicio Nacional
de Caminos (SNC) a Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) se hizo en el
año 2006 y en el periodo 2006 – 2015 ejecutó 4.563 millones de $US en proyectos
de carreteras, 3,7 veces más que el SNC en el periodo 1996 – 2005 (1.223
millones de $US).
La Administradora Boliviana de
Carreteras está ejecutando un programa de inversión en la construcción de
carreteras por 4.586 millones de $US, de estos 3.483 millones de $US son para la
construcción de carreteras de dos carriles (uno de ida y otro de vuelta) y 1.103
millones de $US para la construcción de dobles vías (dos carriles de ida y dos
de vuelta).
Sobre la ejecución de este programa
no se tiene información sobre quienes son las empresas que están ejecutando los
proyectos, como han sido contratadas, que tipo de contrato tienen, en la fecha
cual es el avance de ejecución de las obras y otra información de los
proyectos, que la Administradora Boliviana de Carreteras debiera informar para
saber cómo se está ejecutando el plan de inversiones.
Alguna información se tiene sobre
proyectos particulares, como que una empresa abandonó el proyecto Yucumo – San
Borja con apenas el 10 % de avance físico y no se ha conocido que haya un
proceso legal para penalizar a la empresa por el incumplimiento que ha hecho de
su contrato. La construcción de la carretera Rurrenabaque – Riberalta tiene un
avance a diciembre de 2017 de 11,23 % y la empresa contratista ya recibió 223
millones de $US (38,62 %) de los 579 millones de $US que costará la carretera.
Un informe periodístico reportó que la carretera está abandonada. La doble vía
que se está construyendo en la zona con inestabilidad de suelos de El Sillar
costará a razón de 14,2 millones de $US por kilómetro.
Son 4.600 millones de $US (o quizá
más) que están comprometidos en la construcción de carreteras, de los cuales
tiene que responder el Gobierno, por lo que antes de querer quitar la paja en
ojo ajeno, debía fijarse en la leña que tiene en su ojo.
El artículo fue publicado por El Diario y
correo electrónico en noviembre de 2018.
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