El caudillaje ha dominado la vida política del país,
más que gobiernos se ha buscado caudillos para que dirijan los destinos del
país y la elección de caudillos se hizo siempre en base a criterios subjetivos
y afectivos. Recordemos el ascenso que tuvo el Presidente Evo Morales, desde
dirigente cocalero hasta ocupar la presidencia más larga de la historia de
Bolivia (ya son más de 13 años) que se debió a los bloqueos en El Chapare y a las
revueltas en la Ciudad de El Alto. “No soy economista, no soy experto en
planificación, yo soy experto para marchar y bloquear caminos”, así describió
su perfil en un foro internacional de desarrollo y sus antecedentes personales
para llegar a la presidencia.
Gran parte de
los bolivianos encontraron en él al poderoso caudillo que debía ocupar la
presidencia, en reemplazo de tres presidentes constitucionales Sánchez de
Lozada, Mesa Gisbert y Rodríguez Veltze, que eran el resultado de un sistema
político y económico, al que la República de Bolivia llegó después de 180 años
de azarosa vida republicana.
El sistema de Goni
En 1985, para enfrentar la crisis económica que vivía
Bolivia, que vino después de una bonanza y un gobierno autoritario y estatista
y de otro izquierdista, el Gobierno del Dr. Víctor Paz Estenssoro dictó el
decreto 21060. Su redacción estuvo a cargo de un equipo de profesionales
bolivianos a la cabeza de Gonzalo Sánchez de Lozada. El decreto fue promulgado
el 29 de agosto de 1985. La crisis cedió y el país volvió a la normalidad
económica.
El
decreto 21060 no fue solamente para superar la crisis, sino que fue el comienzo
de una nueva política económica, que comprendió a un conjunto de reformas
estructurales que cambiaron el sistema económico de Bolivia. Básicamente, se
pasó de un sistema económico en el que el estado era el principal ejecutor de
las actividades económicas, a un sistema en que el mercado sea el lugar donde
se realizan y se estimulan las actividades económicas. El Estado es
imprescindible en el sistema económico, pero tiene otras funciones, que la de
intervenir en las actividades productivas. Su función es regular la economía y
proveer bienes y servicios que el sector privado no puede producir. Para ello
fue transformado en su organización y sus instituciones. Se dio a las
prefecturas y a los municipios una función más preponderante dentro de la
administración del Estado.
Las
medidas más importantes del decreto 21060 y de su complementario el 21660
fueron:
·
Reducción del déficit fiscal mediante el congelamiento
de salarios, aumento del precio de la gasolina y reducción de los gastos del Gobierno.
Se racionalizó la burocracia y se estableció para el Gobierno una disciplina
para llevar las finanzas públicas y una prudencia para llevar la política
monetaria.
·
Reforma del Banco Central, para que sea una
institución independiente del poder político. Se prohibió los préstamos que
hacía a las empresas públicas y al Ejecutivo.
·
Introducción de una tasa de cambio real y flexible del
dólar, mediante la creación del bolsín manejado por el Banco Central.
·
Liberalización total del mercado, donde debería haber
libre oferta y demanda y libertad para poner precios (con excepción del
transporte público urbano). Se estableció la libre contratación en el mercado
laboral.
·
Reforma tributaria: se redujo más de 400 impuestos a
siete básicos, entre ellos el IVA. Establecimiento de un arancel único a las
importaciones, con excepción de una lista de bienes de capital que estaba
sujeta a un arancel menor.
·
Apertura de la economía al mercado internacional. Se
estableció la libre importación y exportación de bienes y servicios. Se
quitaron las restricciones sobre los movimientos de capitales desde y hacia el
país.
Durante el
Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada se crearon instituciones y se promulgaron
leyes que profundizaron la política económica iniciada por el decreto 21060. El
sistema jurídico es esencial para la vigencia de la democracia y el
funcionamiento de la economía de mercado. Para fortalecerlo se creó el Tribunal
Constitucional, el Consejo de la Judicatura y la Defensoría del Pueblo. Una ley
trascendental fue la Ley de Participación Popular, que permitió que los
municipios dispongan de recursos y puedan dirigir y administrar su desarrollo.
Se reemplazó el
sistema de pensiones “de reparto”, que estaba al borde del colapso, por el
sistema de ahorro personal, donde los ahorros son administrados por dos
administradoras que invierten los fondos en operaciones financieras. Esto ha
significado la creación de un capital que sirve para fomentar las inversiones.
Se creó el
Sistema Nacional de Inversión Pública para establecer un mecanismo de selección
de los proyectos de inversión pública. Esto para evitar que los proyectos de
inversión pública sean elegidos por razones políticas, intereses creados o el
capricho del Presidente y no por la contribución que puedan hacer al
crecimiento de la economía. Se apartaron de la inversión pública los proyectos
del sector productivo, de hidrocarburos y ferrocarriles. El Estado se tenía que
avocar a los proyectos sociales y de infraestructura: agua potable, saneamiento
básico, educación, salud, carreteras, riego y energía eléctrica. Estos
proyectos se deberían realizar bajo el estricto control que estipula la Ley
SAFCO y la elección de las empresas constructoras se debería hacer mediante
licitaciones. La creación de fondos de desarrollo y de inversión social
significó que a lo largo de todo el país se construyeran como nunca sistemas de
agua potable, de saneamiento básico, de riego y otros de impacto social, a
través de proyectos correctamente auditados.
La
capitalización de las empresas públicas de hidrocarburos, energía eléctrica,
telecomunicaciones y ferrocarriles, convirtió a éstas en empresas rentables y
eficientes y produjo el enorme desarrollo que se ha tenido en los campos de
estas empresas. Con las utilidades de la capitalización se creó el bonosol. El
fruto de la capitalización lo cosechó después el Gobierno del Presidente Evo
Morales, gracias a la espectacular subida del precio del gas y los minerales,
constituyéndose en el principal factor de su permanencia en el Gobierno.
En cuanto al
sistema político, a partir de 1985 se sucedieron cinco gobiernos constitucionales,
en los que se alternaron los partidos del oficialismo y de la oposición. Estos
gobiernos se eligieron mediante elecciones que dieron lugar a la alternancia en
el gobierno. Había bastante independencia entre los Poderes del Estado y las
Fuerzas Armadas y la Policía tenían suficiente autonomía para cumplir los roles
asignados para ellas. El Poder Legislativo controlaba en gran manera al Poder
Ejecutivo y el Poder Judicial cumplía de manera aceptable su función de administrar
justicia, con jueces, en su mayor parte, profesionales y correctos. El Gobierno
ejercía el principio de autoridad, que comenzó a romperse en el Gobierno del Gral.
Banzer, cuando comenzaron las acciones políticas del Chapare. Este periodo fue
interrumpido por el derrocamiento del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, lo
que significó para una mayoría de los bolivianos el fin de un periodo
imperfecto, cuyo representante era Goni, al que vendría un periodo de redimensionamiento,
con el liderazgo de un gran caudillo.
El sistema de Evo
La victoria que tuvo Evo Morales en tres elecciones,
la primera con más del 50 % y las otras dos con más del 60 %, empoderó al
Presidente hasta hacerle creer que es insustituible y a apoderarse de la
justicia, el órgano electoral, la contraloría, el banco central, las fuerzas
armadas y la policía, teniendo ya controlado el poder legislativo. Sintió que
tenía que ser el líder de un nuevo estado y de una nueva era para Bolivia, lo
que también fue aceptado por la mayoría de los bolivianos, cuando aprobaron la
nueva constitución en un referendo, al que llamó el Gobierno para aprobar dicha
constitución, que creaba el Estado Plurinacional de Bolivia.
Evo
Morales ha gobernado al país más como un rey que como un presidente, su gestión
de presidente consiste en viajar. Tiene que inaugurar todas las obras públicas
que ejecuta su gobierno y las canchas y coliseos que tanto le gusta construir. Esto
aparte de ir a jugar futbol en diferentes lugares del país e incluso del
exterior y asistir a eventos que se organizan para agasajarlo. Ha aprovechado
su presidencia para viajar por todo el mundo, asistiendo a eventos
internacionales, donde en muchos casos no era necesaria su presencia. Para
exaltar su personalidad se ha construido un museo y por la intención que tiene
de permanecer indefinidamente en el poder, ha hecho construir un palacio.
El
destino le premió con la bonanza que tuvo el país con la subida de los precios
del gas y de los minerales en el mercado internacional. Con los cuantiosos
recursos que recibió el país, el gobierno se hizo dueño de las empresas
capitalizadas (con excepción de las ferroviarias) también de empresas privadas.
Creó por su parte empresas públicas ineficientes. El grueso de los recursos de
la bonanza se despilfarró en inversión pública improductiva, creando elefantes
blancos como el teleférico, la planta de urea de Bulo Bulo, la planta
separadora de líquidos del gas natural, el ingenio azucarero de San
Buenaventura, el tren de Cochabamba, los aeropuertos, el satélite y otros más.
En las carreteras se han gastado más de 5.000 millones de $US y la última
estación de lluvias ha mostrado que seguimos teniendo una precaria red de carreteras.
Todos
estos proyectos fueron ejecutados por decisiones que fueron tomadas por el
Presidente Evo Morales. Para disponer libremente de los recursos, violó la Ley
del Banco Central, que prohíbe que éste haga préstamos al Ejecutivo y a las empresas
públicas. Dejó de aplicar la Ley SAFCO y de cumplir las normas del Sistema
Nacional de Inversiones Públicas y del Sistema Nacional de Adquisición de
Bienes y Servicios. Para ejecutar los proyectos, las empresas fueron
contratadas sin seguir los procedimientos que señalan estas normas, o sea
justificar la ejecución del proyecto, hacer primero una selección de las
empresas que estén calificadas para realizar el proyecto, llamar a una
licitación y elegir a la empresa que pueda cumplir con los términos de
referencia y ofrezca el precio de contrato más económico. Las empresas fueron
contratadas arbitrariamente y bajo la modalidad de contrato llave en mano, en
el que pueden cobrar lo que quieren. Como resultado, se tiene obras con
sobreprecio, otras mal ejecutadas y empresas que se van sin cumplir con sus
contratos.
Con
todo esto, se ha desperdiciado el mejor momento que ha tenido Bolivia en toda
su historia y se ha preparado el terreno para que se produzca, en el corto
plazo, una grave crisis económica y los que es peor, el país tendrá que
reconstruir la institucionalidad que se ha perdido en estos últimos 14 años.
Publicado por El Diario
y correo electrónico en octubre de 2019
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